Enrique Mendoza Bolio acusa al fiscal del estado de Yucatán de «corrupto» y de favorecer a la mafia inmobiliaria de Yucatán

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El Secretario del Consejo Directivo de la Asociación Civil “En Defensa de la Seguridad Jurídica Yucateca” Enrique Mendoza Bolio acuso en entrevista al Fiscal del Estado Wilberth Cetina Arjona de ser un “corrupto” y de favorecer a la mafia inmobiliaria de Yucatán.

Comenta que Cetina Arjona únicamente ve los casos de sus amigos, allegados y quien le favorece económicamente, si y solo así se aplica la justicia en el Estado.

Recordó el caso de un acaudalado empresario libanés contra el licenciado Arturo Millet Reyes, y muchos otros de donde se ha hecho uso del poder de la fiscalía para apoderarse de las tierras, y acabar con sus enemigos y otros mil casos que duermen ante la justicia por falta de beneficios económicos al fiscal.

Dijo que el fiscal encara a sus adversarios comentando que él es amigo y compadre de Rodolfo Rosas Moya y que tiene el poder y decisión en el estado, ya que este empresario fue quien financio la campaña política del gobernador del estado.

Recalco que su asociación continuará dando lucha hasta acabar con el despojo del patrimonio de los yucatecos, buscando candados legislativos que permitan tener certeza a los fedatarios públicos de que los documentos presentados ante ellos son
auténticos y que el fiscal realmente cumpla con su labor y no a conveniencia del mejor postor.

Incluyo que sería necesario tipificar mayores sanciones para las personas que, siendo fedatarios o particulares, realicen una conducta que culmine con el despojo de un bien inmueble. Sólo así, y no a través del establecimiento de un arancel notarial, se podría dar una verdadera protección al ciudadano yucateco con respecto al problema de la denominada “mafia inmobiliaria”.

Mendoza Bolio aseguró que hay 19 notarios públicos señalados por asociaciones y personas de participar en fraudes inmobiliarios y que en conjunto con el fiscal siguen haciendo de las suyas.

Mendoza Bolio finalizo comentando que en Yucatán existen 200 casos de despojos de bienes inmuebles al año, los cuales se valen de lagunas en la ley de notarios que existe, a través de mecanismos como la protolización que ha causado afectaciones desde hace varios años.

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