Desde el pasado 30 de julio, la madre de Joven acudió a Derechos Humanos a a interponer la queja

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Ante los hechos que privaron de la vida a un joven detenido en el centro de Mérida, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán se pronuncia en contra de todo acto de autoridad motivado por discriminación, estigma y estereotipos que atenten en contra la dignidad de un ser humano.

 

Asimismo, hace un llamado a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, al Poder Judicial, a la Policía de Mérida, a la Secretaría de Salud y en general a todas las autoridades correspondientes, a realizar de manera urgente todas las acciones necesarias para esclarecer la muerte de la víctima, con especial atención a la relación de este suceso con actos discriminatorios y la afectación a su dignidad.

 

Es urgente garantizar un eficaz acceso a la justicia para evitar la impunidad, y de esta manera, se podrán sentar las bases para la no repetición de este hecho.

 

Se informa que desde el pasado 30 de julio, cuando la madre de la víctima acudió a esta Comisión a interponer la queja, inició el proceso de investigación de los hechos que involucran a agentes de la Policía de Mérida, al personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y del Hospital Agustín O’Horán.

 

La CODHEY nuevamente ofrece a la familia de la víctima el acompañamiento durante el proceso, y advierte que estará vigilante de las investigaciones que se realizan para determinar los motivos de la detención.

 

Asimismo, pide el seguimiento de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para garantizar la reparación integral del daño a los familiares.

 

Como dio a conocer en las Observaciones Generales acerca de la situación de los derechos humanos en el estado de Yucatán presentadas en el Informe Anual de Actividades, la CODHEY advierte que la mayoría de las corporaciones policíacas no han dirigido sus actuaciones bajo el imperativo de respetar, proteger y defender los derechos humanos.

 

Esto en razón de que transgreden la libertad personal, integridad, legalidad y seguridad jurídica.

 

El 83.33% de las recomendaciones emitidas por este organismo fueron en relación a violaciones de libertades fundamentales, en específico, en el contexto de seguridad pública y acceso a la justicia. Además de que se emitieron medidas cautelares, en las que primordialmente se solicitaron garantizar los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, la integridad y el libre tránsito.

 

Ante estos hechos, este organismo se pronuncia por la urgencia de garantizar el derecho a la legalidad y seguridad pública, en virtud de que constituye un elemento primordial para consolidar un eficaz sistema de libertades.

 

Y señala la necesidad de que las fuerzas policiacas, estatales y municipales, reciban capacitación en materia de derechos humanos y en el uso adecuado de la fuerza pública, por hechos que dentro del ámbito de su competencia vulneran derechos humanos.

 

Además, que es imprescindible implementar la profesionalización de las y los servidores públicos encargados de la seguridad pública y que ésta sea evaluable, continua y permanente, desde un aspecto cuantitativo, pero también cualitativo.

 

Respecto a las autoridades sanitarias, se pide garantizar la atención de todas las personas que acudan a solicitar los servicios y evitar la comisión de actos discriminatorios que vulneren la dignidad, así como el derecho a la salud y vida de los agraviados.

 

A la familia de la víctima y a la sociedad en general, se garantiza que esta Comisión investigará y en su caso emitirá las recomendaciones necesarias a las autoridades involucradas; y ofrece su colaboración para implementar cursos, capacitaciones u otras acciones que sean necesarias para evitar que un hecho de esta magnitud vuelva a repetirse.

 

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