Fin de semana de declaraciones y descalificaciones sobre nuevo impuesto .Señala Gobierno : “Con la seguridad de las familias yucatecas no se juega”

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El Gobierno del Estado de Yucatán elaboró, junto con la sociedad civil representada en el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, un proyecto de presupuesto responsable, para hacer frente a la difícil situación financiera a la que los orilló el recorte de la federación de más de 3,860 millones de pesos.

Dicho proyecto fue aprobado por la gran mayoría en el Congreso del Estado: legisladores del PAN, PRI, Morena, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, PRD y Nueva Alianza votaron a favor del proyecto presentado, que fortalece áreas clave, como seguridad, salud, educación y combate a la violencia contra las mujeres. Es decir, privilegiaron el interés de todos los yucatecos por encima de sus intereses partidistas: este es un proyecto de toda la sociedad yucateca.

Precisamente, la seguridad es una de las prioridades de este Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020, ya que en ese rubro todo gasto es una inversión; con la seguridad de las familias yucatecas no se juega.

En oficio SSB/DW 01/0335/2019, con fecha 5 de noviembre de 2019, José Antonio Aguirre Leyva, responsable de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Suministrador de Servicios Básicos en la División Comercial Peninsular, responde que “la CFE […]  considera que es viable y está facultada para realizar el cobro de servicios distintos al suministro eléctrico a través de contratos de colaboración con entidades estatales”.

Incluso, el ejecutivo de la paraestatal tasa la contraprestación a ese servicio: 5.8% más IVA de lo recaudado. El oficio se remite con copia a José Martín Mendoza Hernández, director general de CFE Suministrador de Servicios Básicos.

La recaudación del derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad fue así avalada a través de la CFE, por lo que causan extrañeza las declaraciones vertidas por la Secretaría de Energía federal, Rocío Nahle García. Incluso, desde hace años, es a través de ese mismo mecanismo por medio del cual, decenas de municipios cobran el DAP (Derecho al Alumbrado Público).

Con la seguridad de las familias yucatecas no se juega. Esta es la clara directriz que la sociedad le ha dado al Gobierno del Estado. Por tal razón, se seguirán haciendo las gestiones con las más altas autoridades de la CFE y del Gobierno federal para formalizar el mecanismo de recaudación del derecho por medio del cual se evitarán que los índices de seguridad se desploman, tal y como sucede en otros estados del país.

El Gobierno del Estado no ha recibido comunicado oficial alguno de la CFE, empresa productiva del Estado, en el sentido de las declaraciones realizadas en redes sociales por la secretaria Nahle García y que contradiga el oficio SSB/DW 01/0335/2019, por lo que se continuarán las gestiones correspondientes con la paraestatal para la implementación de este mecanismo.

La prioridad del Gobierno del Estado es que existan los recursos suficientes para mantener la seguridad de las familias yucatecas, lo que fue aprobado por la gran mayoría de los legisladores del PAN, PRI, Morena, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, PRD y Nueva Alianza y que cuenta con el aval del Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto. En eso seguiremos trabajando.

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