Gobierno de Trump “pone trampas” a inmigrantes para deportarlos

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 Las agencias federales de inmigración han lanzado una campaña coordinada para arrestar y deportar a inmigrantes que tratan de conseguir estatus legal en Estados Unidos a través del matrimonio, de acuerdo con documentos divulgados esta semana en una demanda colectiva entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Los documentos, que incluyen declaraciones juradas y correspondencia de funcionarios federales, muestran qué tanto se han estado coordinando los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) con sus contrapartes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para facilitar arrestos en oficinas de ciudadanía en Nueva Inglaterra.

En sus argumentos, la ACLU califica la coordinación como una “trampa” de deportación que viola los derechos constitucionales de inmigrantes que están siguiendo las reglas para convertirse en residentes legales.

“El gobierno creó este proceso para que ellos puedan conseguir una tarjeta verde”, dijo el martes en entrevista Matthew Segal, director legal de la ACLU en Massachusetts. “El gobierno no puede crear el proceso y luego arrestar a la gente que sigue ese proceso”.

El portavoz del ICE John Mohan respondió que las acusaciones de “coordinación inapropiada” entre las dos agencias eran “infundadas”, y que la coordinación entre las dos agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) es “legal y legítima”. Declinó dar más detalles, debido al litigio en curso.

El portavoz del USCIS Michael Bars se negó a comentar sobre la demanda, pero dijo que su agencia, en general, notifica a las autoridades sobre individuos que tengan órdenes pendientes de remoción y deja a éstas la decisión de arrestarlos en caso de ser necesario.

La querella de la ACLU argumenta que las regulaciones del DHS creadas durante el gobierno del expresidente Barack Obama permiten que los inmigrantes con parejas que son ciudadanos estadounidenses permanezcan en el país mientras piden la residencia legal, incluso si existe una orden para su deportación.

“Esa regulación sigue siendo la ley del país”, indicó Segal. “Así que arrestar a esos individuos no es un asunto de legalidad. Estas son personas con un proceso para obtener residencia legal y el gobierno trata de bloquear eso”.

El gobierno federal argumentó en parte que la corte federal de distrito carece de jurisdicción sobre el asunto.

El paquete de documentos que la ACLU presentó en corte incluyen más de 250 páginas y mensajes entre funcionarios del ICE que detallan cómo coordinan los arrestos con el USCIS en Nueva Inglaterra.

Andrew Graham, funcionario del ICE con sede en Boston, dijo que el USCIS generalmente entrega al ICE listas de inmigrantes que están tratando de conseguir la residencia legal y que tienen órdenes de deportación, que reingresaron al país ilegalmente o que son considerados “inmigrantes criminales nocivos”

Graham dijo que el ICE luego trabaja con el USCIS para programar entrevistas de tal manera que los agentes del ICE puedan estar presentes para realizar arrestos. Apuntó que el ICE prefiere repartir las entrevistas para reducir la carga de trabajo a sus agentes y para evitar generar un “interés negativo en los medios” en las detenciones.

“Estamos en el negocio de la deportación y es nuestro trabajo localizarlos y arrestarlos”, escribió Graham.

El caso se discutirá el 20 de agosto en una corte federal de Boston y se nombran cinco parejas, incluidos los demandantes principales Lilian Calderón y Luis Gordillo, de Rhode Island.

Gordillo es ciudadano estadounidense, pero Calderón es oriunda de Guatemala y llegó a Estados Unidos con su familia a los 3 años. Le ordenaron salir del país en 2002 después de que a su padre le rechazaron su solicitud de asilo.

Calderón, de 30 años y madre de dos hijos, fue detenida por el ICE en enero luego de que ella y su esposo fueron a una entrevista en la oficina del USCIS, ubicada en Johnston, Rhode Island, para constatar su matrimonio.

Fue liberada en febrero luego de que la ACLU impugnó su detención.

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