Secuestros masivos de niños migrantes: la nueva política oficial de EU

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Los gritos de dolor y susto que se escuchan de niños pidiendo por sus padres, imágenes de caras aterrorizadas y traumatizadas, innumerables cuentos de padres e hijos sobre cómo fueron separados por hombres uniformados, son las historias de nada menos que uno de los mayores secuestros masivos en la historia contemporánea –todo, parte de una política oficial.

Se supone que buena parte de estas familias serán reunificadas antes de finales de mes, bajo una orden judicial contra el régimen de Trump. La gran ola de condena universal –nutrida por magníficas expresiones de denuncia, acciones de desobediencia civil y más (https://bit.ly/2Lf4zGu)– ya había obligado al presidente a suspender la práctica de arrebatar a niños de los brazos de sus padres.

Pero hoy día siguen separados miles de niños –algunos detenidos en albergues, donde tenían prohibido hasta abrazarse para consolarse– y, aunque ahora el gobierno está reunificando a algunas familia separadas, un par de preguntas necesitan respuesta: ¿Cómo se permitió esto? ¿Quedarán impunes los responsables?

Aproximadamente 3 mil y, posiblemente, hasta 4 mil (es que el gobierno no sabe cuántos exactamente) niños fueron arrancados a la fuerza de los brazos de sus padres desde el año pasado hasta junio de este año por el régimen de Trump. Las autoridades insisten en que esto es legal y explican que cuando capturan a un migrante indocumentado cruzando la frontera está cometiendo un delito, y como cualquier delincuente es enviado a la cárcel y como resultado la consecuencia es ser separado de su familia.

Pero casi todas estas familias se presentan ante autoridades solicitando asilo, y eso no es un delito. Abogados explican que las leyes nacionales e internacionales garantizan el derecho de un refugiado a buscarlo.

De hecho, hace sólo unos días un juez federal emitió un fallo contra el régimen de Trump afirmando que el gobierno está violando sus normas al encarcelar a solicitantes de asilo en lugar de otorgarles una libertad condicional (lo cual se hacía en la abrumadora mayoría de los casos antes de este gobierno) mientras esperan el proceso de su caso ante un tribunal de inmigración.

Buscar asilo no es delito. El ilícito lo está cometiendo el gobierno al intentar criminalizar a los refugiados, separar a sus familias, incluyendo arrebatarles a sus niños bajo justificaciones oficiales, que van de argumentos legales torcidos (casi siempre rechazados por los jueces, hasta la fecha) a seguridad nacionaly hasta la Biblia. A esta práctica se le debe llamar lo que es: secuestro.

Esta política no es nueva en la historia de este país. Políticas oficiales llevaron a que miles de niños indígenas fueran secuestrados de sus familias para ser lavados de su cultura (idioma, costumbres, historia). Fue una práctica común contra las familias esclavas. Se separaron y/o encarcelaron en campos de concentración a familias japonesas-estadunidenses. Fueron caracterizados como alimañas infestando Estados Unidos, como una amenaza a la seguridad nacional, recuerda la escritora y crítica literaria Michiko Kakutani, cuya madre fue una de las 120 mil personas de descendencia japonesa internadas en centros de detención en la costa oeste del país, durante la Segunda Guerra Mundial, sin ningún proceso debido de ley.

Es increíble observar a este gobierno presentarse como juez ante otros países y sostener intercambios respecto de la cooperación sobre valores compartidos, incluyendo democracia y justicia.

Los gritos y sufrimiento de niños deberían colocar al responsable, a este juez, en el banquillo de los acusados. Lograrlo es responsabilidad y deber de esta sociedad y de los representantes de lo que llaman comunidad internacional.

Mientras tanto, perdón por tener que repetir mucho lo que ya se sabe. Perdón por insistir. Perdón por no hacerlo de manera suficientemente efectiva para ya no tener que hacerlo más. A veces uno tiene que gritar también.

La Jornada

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