Defender al ombudsman

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Es constatable que tanto la CNDH como los organismos defensores de derechos humanos de las entidades federativas han jugado un papel central en la lucha contra las arbitrariedades del poder público.

En México, nunca un gobierno se había atrevido a atacar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como lo está haciendo el actual gobierno federal.

Como es sabido, la CNDH emitió una recomendación solicitando que se les reintegre el apoyo financiero a las estancias infantiles, gracias a las cuales decenas de miles de mujeres y hombres pobres han podido trabajar o estudiar dejando a sus hijos pequeños en lugares seguros en los que, además de ser cuidados, se les educa y se les da ocasión de jugar con niños de su edad.

En el documento de respuesta, la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, rechaza la recomendación, a la que tilda de aberrante porque —afirma— la CNDH, “durante el periodo autoritario neoliberal, en lugar de ser la institución que defendiera al pueblo de las atrocidades cometidas por las autoridades y sus protegidos, se convirtió en un instrumento de simulación para mantener la impunidad del régimen de injusticias, corrupción y privilegios”. La CNDH nunca exigió justicia —asevera— respecto de los crímenes de Tlatlaya y Tanhuato, “se esmeró en ocultar la desaparición” de los normalistas de Ayotzinapa y nunca hizo nada sobre los acontecimientos de la guardería ABC.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, sostuvo, asombrosamente, que la recomendación es una vergüenza y que su gobierno no la acepta porque es violatoria de los derechos humanos… sin decir en qué consiste esa supuesta violación de derechos.

Cualquier persona mínimamente informada sabe que la CNDH emitió las recomendaciones correspondientes en los casos señalados por la subsecretaria tras investigaciones profesionales y objetivas. Si en esos asuntos no se ha hecho justicia se debe precisamente a que tales recomendaciones no han sido debidamente atendidas. Asimismo, es constatable que tanto la CNDH como los organismos defensores de derechos humanos de las entidades federativas han jugado un papel central en la lucha contra las arbitrariedades del poder público, y en centenares de miles de casos han logrado evitarlas o detenerlas, resarcir en sus derechos a las víctimas y propiciar que se castigue a los culpables.

Específicamente en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, la CNDH, lejos de esmerarse en ocultar su desaparición según la calumnia de la subsecretaria, realizó un trabajo escrupulosamente profesional, lo que no hizo el GIEI. El cumplimiento de su recomendación acerca de ese crimen —sobre todo el envío al laboratorio de Innsbruck de los restos que no han sido analizados— haría que se ataran los cabos sueltos de la investigación.

El acatamiento de la recomendación sobre las estancias infantiles permitiría, sobre todo a las mujeres sin posibilidades económicas de pagar una guardería privada, ejercer el derecho a trabajar o estudiar con la tranquilidad de que los hijos de corta edad tendrían, mientras tanto, cuidado y educación temprana.

Los señalamientos calumniosos de la subsecretaria de Bienestar y la descalificación inaudita y sin argumento alguno del Presidente no están motivadas en su desconocimiento acerca del desempeño de la CNDH. Les molesta que un organismo autónomo, que se distingue por su profesionalismo, solicite públicamente que se enmienden los estragos que causan sus atropellos.

Existe una iniciativa de reforma constitucional de Morena y el Partido del Trabajo que propone desaparecer la CNDH y a los organismos homólogos locales para sustituirlos por una denominada Defensoría del Pueblo, que tendría delegaciones en todo el país. Los organismos públicos de derechos humanos son un contrapeso muy importante a las autoridades en una materia altamente relevante. Al Presidente le incomodan. Preferiría una Defensoría que sólo lo fuese de nombre, totalmente obsecuente. Pero un ombudsman es plenamente autónomo o no es un auténtico ombudsman.

La hora que vive el país es muy delicada. La destrucción del sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos sería un gravísimo retroceso en el país y abriría una puerta muy ancha a las pretensiones autocráticas cada vez más evidentes. Es indispensable que todas las personas y organizaciones de los sectores académico, cultural, social y político comprometidas con la causa de los derechos humanos defendamos la institución del ombudsman.


Luis de la Barreda Solórzano

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