Vacunación, termómetro de la eficacia presidencial

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Reza un dicho: “de la cuna a la vacuna”. La frase encierra el  primer trámite vital. Del registro civil a salubridad (a sacar la cartilla de vacunación nacional).

Hoy urge tener las vacunas suficientes para 126 millones de mexicanos y aplicarla de inmediato: bien puesta y a toda prisa.

La clave de cada tipo de vacuna radica en la velocidad con la que se suministra, de modo que sea oportuna y evite efectos colaterales. Si además de la escasez de vacunas persiste la lentitud de su aplicación y además se consiguen de muy diversas calidades y tipos, el horizonte será desolador.

El poder presidencial en México es un remedio efectivo en el imaginario popular para resolver problemas, pero no para salvar vidas. Así fue hasta que la lucha contra los antiguos males (especialmente enfermedades infectocontagiosas) comenzaron a ser combatidos y erradicados mediante programas presidenciales de vacunación.

En este espacio hemos referido los afanes de los presidentes de manera más evidente, desde Lázaro Cárdenas y hasta la actualidad, con cada vez mayores recursos públicos federales.

En 1978, José López Portillo instituyó la Cartilla Nacional de Vacunación, y en 1991 fue creado, por decreto presidencial de Carlos Salinas de Gortari, el  Consejo Nacional de Vacunación.

Luego de que en 1990 se registrara el último caso de poliomielitis tras la campaña oficial antipoliomielítica “Días Nacionales de Vacunación”, aplicada de modo indiscriminada, a población abierta, a todos los menores de cinco años.

En 1998, la estabilidad del Consejo Nacional de Vacunación y de los similares estatales, dieron paso a una nueva era: la fórmula triple (vacuna para tres enfermedades: sarampión-rubéola-parotiditis). El éxito llevó, en 1999, a extender a cinco antígenos en una sola inyección. México fue el primer país en la región latinoamericana en aplicar la vacuna pentavalente (DPT/Haemophilus influenzae B/HB).

Si la investidura presidencial es vista como un “manto protector” es porque crece la percepción de que el Presidente debe proveer los medios para salvar a la población de cuantos males la amenacen. Y eso en parte es resultado de la veneración temporal al quien ocupa la condición presidencial.

A propósito de la tragedia nacional por el terrible lastre de covid-19, conviene reconocer que, la única manera de encaminar la garantía  “del derecho a la salud” —en cualquier democracia— se inicia con la inmunización de la población a través de la vacunación. Desde luego el Estado democrático debe realizar muchas otras tareas para garantizar la salud poblacional, pero frente a una epidemia mortal, la vacuna es la primera y más urgente solución.

No basta con tener la vacuna para el mal que pretendemos evitar, urge que se administre a tiempo. El ritmo sí importa, el retraso sería criminal.

La CNDH debe emitir medidas cautelares a las instituciones de salud pública federal para coordinar y garantizar una vacunación efectiva. No puede ser una comparsa de lo que pueda o quiera hacer el gobierno.

Es probable que la batalla contra covid se convierta en la principal acción que la gente le atribuirá a la actual administración y con ella recordará al presidente López Obrador. El gobierno federal será el rostro de la conclusión de la pesadilla. Si se esmera y lo consigue, la pandemia servirá para compensar las más de 160 mil defunciones, pero si no fuera así y la mortandad se extendiera más, la estampa nacional marcará a este como un periodo trágico sin igual.

por Francisco Javier Acuña

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