Culpan de desaparición forzada y asesinatos a cuatro mandos militares. Justicia federal los vincula como responsables

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▲ Familiares y amigos de siete personas secuestradas y asesinadas por elementos del Ejército en 2015, durante una protesta en el municipio de Calera, Zacatecas, el 15 de julio de ese año.
▲ Familiares y amigos de siete personas secuestradas y asesinadas por elementos del Ejército en 2015, durante una protesta en el municipio de Calera, Zacatecas, el 15 de julio de ese año.

Un juez federal de distrito determinó que el coronel Martín Pérez Reséndiz, ex comandante del 97 Batallón de Infantería con sede en Fresnillo, así como sus subalternos, el capitán segundo José Manuel Castañeda Hernández, el subteniente Juan Ordóñez Prado y el teniente Víctor Manuel González Aldrete, son responsables de los delitos de desaparición forzada, homicidio calificado y contra la administración de la justicia en perjuicio de siete personas, y les dictó una pena de prisión superior a 200 años a cada uno.

La madrugada del 7 de julio de 2015 los militares ingresaron sin una orden judicial a un domicilio particular de la ciudad de Calera; llevaban equipos, armas, vehículos y uniformes oficiales, además de personal bajo su mando, y privaron de su libertad a siete personas, a las que llevaron a parajes rurales donde las torturaron y asesinaron. Cuatro de las víctimas eran menores de edad, dos mujeres y un adulto.

 

Para demostrar la plena culpabilidad de los cuatro sentenciados bajo la causa penal 43/2015, un grupo interdisciplinario realizó las investigaciones en forma independiente.

Agentes de los ministerios públicos Militar y Federal, así como peritos y especialistas de la Procuraduría General de Justicia Militar y de la Procuraduría General de la República, realizaron peritajes forenses que se presentaron ante el Tribunal de Enjuiciamiento, aunado a los testimonios de más de 40 personas, incluidos militares de distintos rangos.

De acuerdo con la sentencia definitiva –a la que este diario tuvo acceso–, las víctimas fueron Germán Martín García González, Beatriz Adriana Fernández Hernández, María Alejandra Rocha Montes y los menores Jorge David Venegas Leaños, Víctor Hugo González Cisneros, Fernando José Rodríguez Rodríguez y Guillermo García Murrieta.

El mismo día que fueron privadas de su libertad, familiares de las víctimas comenzaron a buscarlas en las instalaciones de las policías federal, ministerial, estatal y municipal; en el Servicio Médico Forense de las ciudades de Fresnillo y Zacatecas, así como en hospitales y agencias del Ministerio Público. No las encontraron.

Acudieron incluso a preguntar a la base del 97 Batallón de Infantería, pues supieron del allanamiento de los elementos del Ejército al domicilio ubicado en la calle Francisco I. Madero 106 de la ciudad de Calera, pero los militares negaron haber realizado tal incursión.

El miércoles 15 de julio de 2015 familiares y amigos realizaron una protesta afuera del domicilio de las víctimas. Ahí colocaron una manta con las fotografías de los siete y un escrito en el que exigían al presidente Enrique Peña Nieto; a Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, y a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, su intervención para localizarlos. Señalaban como responsable directo al coronel Pérez Reséndiz.

La denuncia pública tuvo resonancia incluso internacional. Al día siguiente, las siete víctimas fueron localizadas ejecutadas en dos parajes rurales cercanos a Calera: cuatro en una finca de adobe en ruinas, cerca de la comunidad La Tesorera y las otras tres a orillas de un arroyo seco, próximo a la comunidad de Río Frío.

Conflicto entre militares y ejecuciones sumarias

Cuando fueron localizados los cadáveres, medios locales publicaron que Germán Martín García González había sido militar y estuvo bajo las órdenes del coronel Martín Pérez Reséndiz en Fresnillo. Supuestamente desertó porque ambos tuvieron rencillas.

Para justificar la actuación de los militares, medios locales difundieron en sus portales un video donde aparecía Germán Martín García González y dos de sus compañeros, decapitando con un cuchillo a tres personas no identificadas, a quienes tenían arrodilladas y atadas de manos en un lote baldío. El video trascendió, fue recuperado de un teléfono celular que los militares obtuvieron en su incursión al domicilio de Calera.

De acuerdo con testimonios contenidos en la sentencia, antes del operativo los militares ya tenían información de que su ex compañero se había unido a un grupo del crimen organizado y era jefe de plaza con el alias de Orzón. Pero cuando lo detuvieron junto con las demás personas, nunca fueron puestos a disposición de las autoridades. Por ello el juez federal de distrito además de los cargos de desaparición forzada y homicidio calificado, les imputó el delito contra la administración de la justicia. En presencia de los cuatro imputados, la sentencia definitiva del caso 43/2015 –de 181 páginas–, fue dictada en audiencia de juicio oral el pasado 13 de octubre en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el complejo Ciudad Gobierno de Zacatecas.

De acuerdo con la sentencia, el coronel realizó su incursión ilícita intentando burlar al alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues coordinó el operativo en su día de descanso y el de los 33 militares que en total lo acompañaron, quienes también oficialmente estaban francos. También actuó fuera de su jurisdicción, pues la ciudad de Calera está dentro de la competencia del 52 Batallón de Infantería, ubicado en la 11 Zona Militar de la ciudad de Guadalupe, conurbada a la capital Zacatecas.

Las amplias condenas, sin embargo, se redujeron oficialmente a sólo 60 años de prisión para cada uno de los cuatro militares sentenciados, pues el artículo 25 del Código Penal Federal estipula que la totalidad de la pena de prisión no podrá exceder de 60 años de prisión. Adicionalmente, se les condenó a la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por un plazo de cinco años y tres meses.

La Jornada

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