Ordena Tribunal reponer caso Ayotzinapa y crear Comisión para la Verdad y la Justicia

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Por unanimidad, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ordenaron reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Asimismo determinaron, ante la falta de una Fiscalía independiente, crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia.
Al resolver los amparos 203/2017 y 206/2017, los magistrados Mauricio Fernández de la Mora (ponente), Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez concedieron la protección de la justicia federal a los quejosos, para efecto de reponer el procedimiento y requerir al Ministerio Público de la Federación que presente los dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul; en caso de no presentarlos con las exigencias del Protocolo, se determinó que podría haber indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de los inculpados fueron obtenidas mediante tortura.
A partir de lo anterior, y toda vez que la investigación -según señala el Tribunal- no se apegó a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los Protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas, el proceso tendrá que reponerse con una Comisión integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar. Incluso podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
De acuerdo con el reporte de Reforma, los quejosos, que con sus amparos propiciaron la orden para crear la Comisión de la Verdad son Gildardo López Astudillo, el “Gil”, acusado de ordenar la captura, asesinato e incineración de los 43 normalistas; así como Miguel Ángel Landa Bahena alias el “Chequel”, “Duba” o “Duvalín”, supuesto lugarteniente de el “Gil”; Felipe Rodríguez Salgado, el “Cepillo”, uno de los acusados de incinerar a los estudiantes, y Salvador Reza Jacobo, “halcón” o vigía de Guerreros Unidos.
A los presuntos criminales también se les deberá volver a determinar su situación jurídica sólo en el proceso iniciado por el delito de delincuencia organizada, derivado de la desaparición de los estudiantes de la Normal “Isidro Burgos”.

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