Las comunidades donde se asientan empresas eléctricas españolas –que llegan acompañadas de otras firmas de aquél país de los sectores financiero y de construcción– para generar energía eólica sólo reciben uno de cada 100 pesos de las ganancias que genera la actividad, de acuerdo con un informe sobre megaproyectos de compañías con sede en la península ibérica.
España es la segunda nación con la mayor participación de inversión extranjera directa (IED) en México, pero el informe Internacionalización empresarial ¿a cualquier precio? señala que el capital que ha llegado se ha traducido en “consecuencias catastróficas para los territorios donde se ubican”.
El documento fue elaborado por la especialista Júlia Martí Comas, editado por las organizaciones Paz con Dignidad y el Observatorio de Multinacionales en América Latina, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.
Con la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, empresas energéticas como Iberdrola, Gamesa, Ingeteam ampliaron su presencia y se acompañaron de firmas de diversos sectores como el financiero, BBVA, o de ingeniería y construcción, como Ingenor, Tecnalia y Elecnor, entre otras.
Destaca el caso del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec, donde 23 de 29 parques de generación son operados por firmas españolas y francesas.
Ahí opera Iberdrola –el segundo mayor productor de energía en México– con cuatro plantas: Parques Ecológicos de México, Bii Nee Stipa I, La Venta III y Bii Nee Stipa II-Dos Arbolitos.
La firma fue una de las primeras en invertir en la región con la construcción del parque La Venta, que pertenece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
BBVA ha financiado tres parques y es socio-consumidor de Bii Nee Stipa III (Zopiloapan) de Enel Green Power
Siemens-Gamesa ha desarrollado varias plantas para luego venderlas, provee los aerogeneradores y presta servicios de mantenimiento y operación a otros parques.
El reporte refiere que con la reforma energética de 2013 se produjo la “progresiva pérdida del control público de un sector estratégico, como lo es la electricidad”, lo cual implicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) diera contratos de adjudicación directa a GES Gamesa por 51 millones de pesos para el mantenimiento de torres eólicas, mientras Ingeteam obtuvo la adjudicación directa de un contrato de mantenimiento en La Venta por 19 millones 178 mil pesos.
La instalación de parques en comunidades se tradujo en “privatización de tierras” que eran ejidales y comunales. “El despojo de los recursos locales se materializa, además, con unos contratos de arrendamiento que benefician a unos pocos (debido a que se firmaron con particulares)”, indica.
El informe considera irrisorios los importes por arrendamiento, pues en algunos casos se pagan 16 mil pesos anuales. En La Ventosa, Iberdrola paga 10 dólares mensuales a los pobladores. “Las empresas eólicas sólo están pagando uno por ciento de sus ganancias a los campesinos”, sentencia.
Los arrendatarios de los terrenos han denunciado retraso en los pagos y algunos contratos fueron entregados dos años después de haber firmado.
El negocio es más jugoso si se toma en cuenta que 21 parques eólicos generan energía para firmas como Coca-Cola, Walmart, Bimbo y Cemex bajo el esquema de autoabastecimiento –que es subsidiado y no paga transmisión–, además las firmas de generación privadas han sido eximidas de pagar impuestos municipales.
En Juchitán, las autoridades municipales estimaron un impago por 3 mil millones de pesos. Hay que agregar conflictos con los trabajadores, pues la mayoría de ellos no son de las mismas comunidades y otros han protestado por los salarios que reciben en parques de Gamesa y Acciona.
El daño también es ambiental. La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad consideró que el parque Eólica del Sur debió ser rechazado por su impacto a la flora y fauna, lo cual también ocurre en otros.
“La construcción del corredor eólico se enmarca en el proceso de privatización y extranjerización del sector eléctrico, lo que ha generado una pérdida de soberanía y un desmantelamiento del carácter progresista de la Constitución”, indica.
Un caso similar es el megaparque solar en San Luis de la Paz, donde Enel Green Power –italiana que adquirió a la española Endesa– es la encargada de operar la planta al ser propietaria de 20 por ciento, mientras BBVA financió el proyecto, además de Caixabank, entre otros participantes.
El informe señala que el modelo de negocio de Enel está más orientado a construir y operar para luego vender, pues es más rentable que quedarse con la planta.
Los pobladores también sufren de “privatización de bienes comunes”, mientras acusan de cambios climáticos, pues el parque utiliza tecnología antigranizo, por lo que hay menos lluvias en las tierras que eran dedicadas a la actividad agropecuaria, lo que se traduce en una desertificación.
La Jornada
