El 1 de enero, California se convirtió en el estado más grande de la Unión Americana en contar con un mercado regulado de marihuana. De acuerdo con Bloomberg, se espera que este año el mercado de marihuana en ese estado alcance un valor de 3 mil 700 millones de dólares y que para 2019 llegue a más de 5 mil 100 millones. La nueva legislación, sin embargo, no busca únicamente regular una economía hasta hace unas semanas clandestina. También pretende resarcir el daño que la prohibición ha causado en la población. Año con año, miles de jóvenes —principalmente provenientes de contextos desaventajados— son detenidos y puestos en prisión por delitos de posesión o venta de pequeñas cantidades de marihuana.
Múltiples estudios e historias han mostrado cómo la prohibición profundiza las desventajas económicas y sociales. Por ello, la ley en California autoriza la revisión de sentencias por delitos de marihuana y la desaparición de antecedentes penales por estos delitos. Algunos condados han establecido además la obligación de otorgar un porcentaje de las licencias para venta a miembros de las comunidades más afectadas. Se trata de detener la violencia estatal contra poblaciones minoritarias y hacer justicia social. Otros estados y países han transitado hacia la regulación del mercado de la marihuana. Este julio se espera que Canadá se convierta en el segundo país, después de Uruguay, en legalizar la producción y venta de esta planta para fines personales.
Al sur de la frontera de California, la historia es otra, llena de contradicciones y titubeos. En 2012, México, junto con Colombia y Guatemala, convocó a una Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre el tema de drogas (conocida como UNGASS 2016). La sesión, según el presidente Peña Nieto, tenía como objeto “revisar la actual estrategia internacional y, sobre todo, definir mejores soluciones, desde una perspectiva de derechos humanos, prevención y salud pública, que ponga en el centro el bienestar de las personas”. Durante su participación, el Presidente afirmó que “Las limitaciones del modelo prohibicionista obligan a modificar el enfoque eminentemente sancionador, para ubicar a las personas, sus derechos y su dignidad, no a las sustancias ni a los procesos judiciales, en el centro de nuestros esfuerzos”. La política de drogas, dijo también, debía garantizar que los consumidores no fueran criminalizados y “asegurar la disponibilidad y un mejor acceso de las sustancias controladas para fines médicos y científicos”.
Días después de su intervención, Peña Nieto presentó ante el Congreso una iniciativa que proponía permitir medicamentos elaborados a base de marihuana, autorizar la investigación de los ingredientes activos de la planta y despenalizar la posesión de hasta 26 gramos para consumo. La iniciativa no prosperó por oposición del PRI, entre otros. En su lugar se aprobó una reforma diluida, que sólo regula el uso médico de la planta —aunque despenaliza la siembra y cultivo con fines médicos o científicos que se lleven a cabo en los términos que autorice el Ejecutivo.
Pues bien, hace unas semanas la Cofepris —que depende del Presidente y hoy está a cargo de Julio Sánchez y Tépoz— presentó un proyecto de Reglamento para normar la investigación y producción de la cannabis: un pequeño ratón con el que se mofa de pacientes y sus familias, e ignora los años de debate nacional e internacional. El proyecto sólo prevé la importación de fármacos sin contemplar la posibilidad de cultivar o sembrar cannabis para fines médicos en territorio nacional. Para fines científicos pide un protocolo con costo aproximado de 300 mil pesos y deja fuera de la regulación los remedios herbolarios. En pocas palabras, ni mercado regulado, ni salud, ni justicia
