Las plazas de más de 50 jueces federales que emitieron resoluciones incómodas para el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que incluso algunos de ellos fueron exhibidos en las conferencias matutinas del exmandatario, serán sometidas al proceso de elección extraordinaria del año 2025.
De una revisión realizada por el medio de comunicacion Proceso, en la lista de los 386 juzgadores que salieron en la tómbola del Senado de la República del pasado 12 de octubre y cuyas plazas serán sometidas a la elección judicial de 2025, se pudo constatar que, por lo menos, 54 de esos jueces y juezas han conocido de asuntos mediáticos y en la mayoría de ellos sus resoluciones fueron duramente criticadas por el expresidente López Obrador.
De los nombres de los juzgadores en la ciudad destaca el de Adrián Fernando Novelo Pérez, juez Primero de Distrito en Yucatán, quien en marzo de este año ordenó al gobierno federal acatar la suspensión para frenar las obras del tramo 5 sur del Tren Maya.
También es el caso de Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primero de Distrito en materia Penal en la CDMX. Fue quien denunció a Carlos Alpízar, exsecretario técnico del Consejo de la Judicatura Federal, y al expresidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, actual coordinador de Política y Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de presionarla para emitir fallos para favorecer intereses de la administración de López Obrador.
En otros temas que eran de interés para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación es el que llevó Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) del Reclusorio Norte, quien encabezó las audiencias de los casos contra el exdirectror de Pemex, Emilio Lozoya.
En mayo pasado, el juez fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de actuar con parcialidad y cometer ilegalidades porque ordenó suspender el proceso contra Lozoya por lavado de dinero en la operación de compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados y lo incluyó en el acuerdo de reparación del daño que el gobierno federal firmó con Alonso Ancira.
Se sorteó asimismo la plaza de Juan José Hernández Leyva, juez de control en el CJPF del Reclusorio Sur, que conoce del proceso contra el extitular de la extinta PGR, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. En abril de este año, el juez le concedió la prisión domiciliaria, lo que permitió al exfuncionario salir de la cárcel después de dos años de haber sido detenido.
Otros juzgadores que deberán dejar sus cargos el próximo como resultado de la reforma de Morena y sus aliados son:
Arturo Medel Casquera, adscrito al CJPF del Reclusorio Oriente, quien en su carácter de juez de enjuiciamiento en junio de este año pospuso hasta nuevo aviso el juicio por acopio de armas contra personas que supuestamente atentaron contra el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, debido a que la FGR no pudo presentar todos los medios de prueba que ofreció para las diligencias.
Alejandra Domínguez Santos, del CJPF en el Reclusorio Oriente, fue exhibida en una de las conferencias matutinas del expresidente López Obrador, porque el 15 de julio de este año absolvió al general José Antonio Ramos Arévalo, exdirector general de Servicios Aéreos de la PGR de Murillo Karam, acusado de compra injustificada de drones militares por 614 millones de pesos.
Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez Tercero de Distrito en materia Penal, que en el año 2021 ordenó al fiscal Alejandro Gertz Manero abstenerse de hablar públicamente sobre la culpabilidad o responsabilidad de Rosario Robles en el caso de la Estafa Maestra.
Jesús Alberto Chávez Hernández, juez Décimo Tercero de Distrito en materia Penal, que fue exhibido en una conferencia matutina del expresidente López Obrador porque en enero de este año rechazó librar orden de captura contra Jorge Antonio “S”, exagente del CISEN, señalado como el segundo tirador en el caso del homicidio del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio.
Yadira Elizabeth Medina Alcántara, jueza Tercero de Distrito en materia Administrativa en la CDMX, que en mayo de 2023 concedió suspensión para frenar la edición y distribución de los libros de texto rediseñados por la 4T para el ciclo 2023-2024.
Blanca Alicia Ochoa Hernández, del juzgado Décimo Tercero en materia Administrativa, que en diciembre del año pasado concedió una suspensión definitiva al dirigente del Sindicato de Trabajadores del PJF, Jesús Gilberto González Pimentel, contra la eliminación 13 de los 14 fideicomisos de dicho poder que acumulan más de 15 mil millones de pesos. Según la información del CJF, tiene programada su jubilación para el 1º de enero de 2025.
Marco Antonio Beltrán Moreno, juez de control del CJPF en Nezahualcóyotl, Estado de México, quien en mayo de este año fue denunciado por Morena ante la FGR y el CJF por un video en el que llamó al gobierno de EU y a la ONU a enviar un mensaje a México para que empodere la independencia judicial y la defensa de la Constitución ante la posibilidad de la aprobación de la reforma judicial.
Conrado Alcalá Romo, juez Tercero de Distrito en materia Penal en Jalisco, fue exhibido en abril de este año porque en febrero dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado el 24 de mayo de 2023 contra Héctor Jesús el Güero Palma Salazar, fundador del Cártel de Sinaloa, por el homicidio del subdirector del penal de máxima seguridad de Puente Grande en el año 2000.
La jueza Yolanda Cecilia Chávez Montelongo, que en enero de 2023 fue exhibida en la Mañanera por liberar a Ramón Ángel, el R1, segundo al mando del CJNG, también conocido como el Moncho quien estaba procesado por delitos contra la salud y delincuencia organizada, pero la juez consideró que no había pruebas sólidas para procesarlo.
Andrea Génesis Alarcón Cortés, jueza Primero de Distrito en materia Administrativa en Nuevo León, que fue una de las que concedió suspensión contra la reforma judicial y ordenó que el Senado no emita la convocatoria para la elección de juzgadores.
Jesús Karina Almada Rábago, jueza Primero de Distrito en Sonora, que en febrero de este año fue exhibida en la Mañanera por absolver a Luis Cárdenas Palomino de tráfico ilegal de armas, porque la FGR no aportó pruebas en su contra.
El juez de control del CJPF, Gustavo Stivalet Sedas, fue exhibido por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de Morena, porque en enero de este año no vinculó a proceso a Miguel Ángel Yunes Linares, padre del senador cuyo voto sirvió para aprobar la reforma judicial, por irregularidades detectadas en el Sistema de Videovigilancia estatal en el caso en que la FGR calcula un daño patrimonial de 349 mdp.
Samuel Ventura Ramos, juez de control del CJPF de Tabasco, que en el año 2022 fue denunciado por el gobierno federal, porque cuando era juez de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, dejó en libertad a implicados en el caso Ayotzinapa.
Cresencio Contreras Martínez, del CJPF de Tamaulipas, de quien en enero de este año la exsecretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, solicitó ante la Cámara de Diputados iniciarle juicio político por supuestamente favorecer a grupos criminales.
Los de las resoluciones favorables
Una minoría de este grupo de juzgadores emitieron resoluciones favorables a la administración de López Obrador, como el caso de Patricia Marcela Diez Cerda, del juzgado Quinto de Distrito en materia Penal, quien en agosto de este año concedió una suspensión provisional contra la orden de aprehensión de Javier Corral, emitida por un juez de Chihuahua.
Aunque Corral se desistió de los amparos que tramitó para evitar ser detenido, logró rendir protesta como senador de Morena y con ello tiene fuero.
De acuerdo con los datos enviados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) al Senado de la República, la juez tiene previsto jubilarse el 17 de octubre próximo.
Julio Veredín Sena, del juzgado Séptimo de Distrito en materia Penal de la CDMX, quien en el año 2022 determinó que hay elementos de prueba contra Pío López Obrador, hermano del exmandatario federal, para determinar que cometió un delito y le concedió un amparo en el caso de los videos en los que aparece recibiendo dinero de manos de David León, Romero, extitular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.
Daniel Álvarez Toledo, señalado en la denuncia contra Zaldívar y otros exfuncionarios y funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) por participar en la red para presionar jueces y obtener resoluciones “a modo”.
También salió sorteada la plaza de Rigoberto Almanza Rico, titular del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales de Veracruz, quien fue confrontado por trabajadores del PJF por no participar en el paro de labores contra la reforma judicial.
Gerardo Anguiano Silva, Juez Primero de Distrito en materia Penal en el estado de Querétaro, quien permanece suspendido por el caso de hostigamiento laboral informado por Proceso el 25 de junio de este año.
Los otros jueces que conocieron de casos polémicos son: Jovita Vargas Alarcón, Jueza Noveno de Distrito en materia Penal; Diana Monserrat Partida Aramburo, del Juzgado Especializado en control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones; en materia Administrativa Jonathan Bass Herrera, Primero de Distrito; Sandra de Jesús Zúñiga, Quinto de Distrito; María Isabel Bernal Hernández, Séptimo de Distrito; Yamin Francisco González Mendoza, Décimo Quinto de Distrito; Celina Angélica Quintero Rico, Décimo Séptimo de Distrito; Luis Alberto Ibarra Navarrete, Octavo de Distrito en materia Civil; Julissa González Rojas, Décimo Segundo de Distrito en materia Civil, todos en la Ciudad de México.
Del Estado de México, Marcos Vargas Solano, del CJPF de Nezahualcóyotl; Juan Pablo Cortés Torres, Juez Primero de Distrito Penal; Luz María Ortega Tlapa, juez Séptimo de Distrito; Nancy Selene Hidalgo Pérez, del CJPF en Almoloya.
José Artemio Zúñiga Mendoza, del CJPF de Michoacán; Pedro Jara Venegas, juez Segundo de Distrito en el estado de Sinaloa; Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, titular del juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales y Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito, ambos del estado de Tamaulipas.
De Jalisco, Alejandro Castro Peña, Cuarto de Distrito Civil; Jorge Guillermo García Suárez Campos, Octavo de Distrito en el estado de Sonora; de Puebla, Miguel Arroyo Herrera, Primero de Distrito de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales; José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, juez Cuarto de Distrito de Veracruz.
Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el estado de Oaxaca; Alfonso Javier Flores Padilla, Décimo Segundo de Distrito de Baja California; José Avelino Orozco Córdova, del CJPF de Chihuahua; de Chiapas, Felipe Consuelo Soto, Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales; Gloria Paulina Aza Plascencia, Segundo de Distrito; Ma. del Carmen López Fabián, Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con residencia en Zacatecas; Luis Joel Escalante Pavia, CJPF de Quintana Roo; Angélica del Carmen Otuño Suárez, Segundo de Distrito en el estado de Quintana Roo; Francisco Javier García Contreras, Segundo de Distrito en Colima.
