Activistas denuncian al Ejército mexicano ante Corte Penal Internacional

La primera fase del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH), entre 2008 y 2010, se caracterizó por graves abusos contra la población civil perpetrados por elementos de las fuerzas armadas que podrían representar la comisión de crímenes de lesa humanidad. Por eso, organizaciones civiles presentaron este lunes un informe ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a fin de que se indaguen a escala internacional estas atrocidades.
“Durante estos casi dos años, los militares (desplegados para combatir al crimen organizado en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico) cometieron de forma sistemática crímenes graves, en particular, torturas, privaciones graves de la libertad física, desapariciones forzadas, asesinatos, violación y violencia sexual, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, competencia de la CPI debido a su carácter sistemático y por realizarse a través de patrones regulares de actuación lo que constata su carácter organizado”.
Las estadísticas oficiales asientan que el número de muertes violentas (ejecuciones) en esa entidad incrementaron de 517 en 2005, a 2 mil 600 en 2008 –año que inició el OCCH— y cuyo máximo se vio reflejado en 2010 con un total de 6 mil 407 ejecuciones.
“Es importante mencionar que el OCCH aumentó significativamente la violencia letal en el estado, lo cual se constata con el incremento de homicidios dolosos. Posterior a la participación de los militares, la violencia letal no disminuyó a los niveles previos al operativo”.
Para la elaboración de la denuncia fueron analizados 35 casos, los cuales comprenden un total de 121 víctimas directas de crímenes que se cometieron durante la primera fase del OCCH por elementos militares. La documentación presentada por las organizaciones “da cuenta de una escena criminal en donde los máximos responsables no han sido investigados, procesados o sancionados a la fecha”.
La comunicación presentada este lunes ante ese tribunal internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, es firmada por: la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Renacer Lagunero, Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
De acuerdo al documento entregado a la CPI, integrantes de las fuerzas armadas que participaron en el marco de la política de seguridad para combatir a las organizaciones criminales “con el conocimiento de los más altos mandos civiles y militares”, cometieron crímenes de lesa humanidad.
Los casos documentados por las organizaciones civiles demuestran “la existencia de una política clara de actuación de las autoridades contra la población civil. Asimismo, se confirmó el uso de recursos públicos para cometer los crímenes, como por ejemplo vehículos militares para detener arbitrariamente a ciudadanos, el empleo de instalaciones militares como recinto para torturar a la población civil, así como la participación de personal médico militar en dichas prácticas de tortura”.
En la denuncia dan cuenta de que la continuidad de la política de militarización de la seguridad pública y de la estrategia armada para hacer frente a las organizaciones criminales -que se manifiesta con la reciente entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior- “han incrementado exponencialmente las violaciones a derechos humanos y crímenes atroces cometidos por las fuerzas armadas al amparo de las instituciones de justicia del país, lo cual implica que en México no hay ni voluntad, ni capacidad para llevar a juicio a los responsables”.
Señalaron que recurrieron ante la CPI con la finalidad de poner fin a la impunidad en la que estos graves crímenes continúan ante la falta de independencia e imparcialidad de la Procuraduría General de la República, así como por la inexistencia de procedimientos nacionales auténticos.
Éste es el tercer informe que las organizaciones civiles presentan ante la CPI por graves violaciones a derechos humanos, constitutivas de crímenes de lesa humanidad, debido a la situación que se vive en México. Recientemente también enviaron comunicaciones sobre los abusos de las fuerzas armadas en Coahuila y Baja California.
“La presente comunicación brinda elementos claros sobre los patrones de actuación de las autoridades militares en el marco de una política que permitió, toleró y en cierta forma propició, la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad en el marco del OCCH. La intención de mostrar ‘resultados de efectividad’ de dicha estrategia, llevó a las instituciones militares a permitir y practicar abusos haciendo uso de recursos del Estado.
“Las propias evidencias sobre estos crímenes cometidos por las autoridades responsables de la implementación del OCCH, sumado al rechazo social, antecedieron el retiro de las fuerzas armadas del mando directo del operativo conjunto, por lo cual fue necesario ajustarlo dejando en manos de la policía federal el mando, para después trasladarlo a la policía estatal, dirigida por un ex militar. Mientras se desarrolló el OCCH, la violencia incrementó de forma drástica en las zonas donde se llevó a cabo el operativo”.