Pocas cosas molestan e irritan más a la sociedad que el despilfarro de recursos públicos, y entre ellos los altos sueldos de la alta burocracia y sus prebendas y abusos.
Los sueldos de la alta burocracia son un asunto que se ha discutido y denunciado por la sociedad y que ha sido recogido por los medios informativos desde hace años. Pero en lugar de corregir la escalada de altos sueldos y prerrogativas, la clase política hizo caso omiso de estos reclamos y siguió con su tren de despilfarro.
Cuando se haga el análisis de los resultados de la elección del 1º de julio, sin lugar a dudas debe considerarse este tema como una de las fuentes más potentes de la indignación social y el rechazo que se tradujo en caudal de votos contra la partidocracia tradicional.
Sea por convicción o por su agudo olfato político, Andrés Manuel López Obrador recogió este tema y lo colocó en el centro de su propuesta política, junto al combate a la corrupción. Detener el despilfarro de dinero público por parte de la alta burocracia lo tradujo en tres promesas de campaña muy sencillas: quitar pensiones a ex presidentes, quitar prebendas como el uso de aviones privados a la burocracia y reducir el sueldo del Presidente a la mitad.
Ahora esas promesas se recogen en el documento “50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana” y que ha generado una alta expectativa.
El gasto de la alta burocracia puede verse incluso como un botín que los dirigentes políticos toman para ellos a costillas de toda la sociedad. Es un tipo de despojo de recursos comunes para ponerlos a disposición de una camarilla minoritaria.
Por ejemplo, el Presidente Enrique Peña Nieto tiene asignado un sueldo para este año de 4.4 millones de pesos (incluidos impuestos), su sueldo base de 3.5 millones de pesos (mdp) y prestaciones tan ridículas como la “ayuda para despensa” por 8,220 pesos mensuales. ¿Será posible que un tipo que gana 270 mil pesos al mes no puede pagarse sus propios alimentos?
Las asignaciones presupuestales para las remuneraciones de la alta burocracia federal están plagadas de estos ejemplos. Es el caso de los ministros de la Corte y los magistrados de los altos tribunales del país. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen sueldos superiores a los 500 mil pesos al mes, entre ellos una partida de 3,100 pesos de “ayuda para anteojos”.
Se podría decir que los 8,200 de ayuda para despensa del Presidente o los 3,100 pesos de ayuda para lentes de los ministros son cantidades insignificantes considerando todo el presupuesto y que no ayuda, en sí mismo, a mejorar ramos como salud y educación. Pero el presupuesto federal está plagado de abusos de este tipo.
La alta burocracia es un monstruo que consume 10,362 millones de pesos al año. Son 6,113 plazas de primer nivel con salarios de 93,000 pesos a 211,000 pesos mensuales, y les siguen 246,870 plazas de segundo nivel que ganan menos de 93 mil pesos mensuales, es decir, más de un millón al año. Este es el volumen del botín de la alta burocracia.
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