El borrador de la iniciativa de reforma que en materia penal presentaría hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador propone la ampliación de la figura del arraigo, la intervención de comunicaciones privadas y la disminución de jueces, entre otros puntos.
De acuerdo con el documento, consultado por Animal Político, se plantea que el arraigo se aplique para todos los delitos y no únicamente con aquellos asociados con la delincuencia organizada, como lo establece la ley actualmente. No obstante, también se propone que periodo de arraigo no exceda de 40 días en ningún caso.
El proyecto preserva las atribuciones de los agentes del Ministerio Públicos y de las policías para ordenar detenciones en flagrancia y en casos que se consideren como “urgentes”, esto siempre y cuando las personas queden de inmediato a disposición de un juez. Estas detenciones sin orden judicial aplicarán para todos los nuevos delitos que ya ameritan prisión preventiva oficiosa.
El documento también contiene una modificación al artículo 16 de la Constitución, cuyo objetivo es que la autoridad judicial federal pueda consentir la intervención de cualquier comunicación privada en materias de carácter fiscal y electoral, ámbitos en que hoy en día está prohibido. Sólo se restringiría en casos de carácter mercantil, civil, laboral y administrativo.
De igual manera se busca reformar la fracción IX del Artículo 20 constitucional, donde se consideran sin valor legal las pruebas obtenidas mediante la violación de derechos fundamentales. En el proyecto enviado al Senado se sugiere que dichas pruebas puedan ser consideradas válidas si hay “atenuantes” sobre su carácter de ilegalidad.
Otros aspectos de la propuesta tienen que ver con la eliminación de la figura de los jueces de control, cuya función es valorar la legalidad de una detención en las audiencias iniciales, así como de estudiar la legalidad o no de las pruebas en una audiencia intermedia, previo a la fase del juicio. Asimismo, se elimina la vinculación a proceso que actualmente dictan los jueces de control. Se plantea que un solo juez esté a cargo de todo el proceso penal.
De igual manera, se quita al Poder Judicial la facultad de designar a los jueces y magistrados, para trasladarla al Senado. Se argumenta que de esa forma se pretende que no haya “favoritismos” ni “asignaciones privadas”.
El catedrático y experto en Derecho Miguel Carbonell expresó, a través de un mensaje en Twitter, su preocupación por esta reforma; consideró que se prosperar, implicaría un severo retroceso que atentaría contra los derechos humanos de los ciudadanos.
