En México la creciente participación de las fuerzas armadas ha llevado a que ejerzan niveles de poder por los que no se puede hablar de “una institucionalidad democrática saludable”, consideró en un documento la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
Según el análisis de WOLA titulado “México militarizado: la guerra se perdió, pero la paz no llega”, firmado por Stephanie Brewer, pese a que López Obrador se había comprometido antes de tomar el poder a cambiar la fallida estrategia de seguridad de gobierno anteriores (de los que fue un severo crítico), en realidad lo que ha hecho es profundizar la militarización del país.
En el documento de WOLA se recuerda que el discurso del candidato López Obrador había llevado a pensar que cambiaría el papel protagónico de los militares en la estrategia de seguridad, pero que, tras reuniones con mandos militares, no sólo se consolidó y sino que les asignó muchas otras funciones: administración de puertos, grandes proyectos de infraestructura, control migratorio, construcción de sucursales de banco y un aeropuerto, así como distribución de vacunas, entre muchos otros.
Acerca de esa creciente participación de las fuerzas armadas en diversas tareas, WOLA anota: “El peso de las fuerzas armadas mexicanas dentro y fuera del ámbito de la seguridad puede significar que no hace falta un golpe de estado para que las instituciones militares ejerzan niveles de poder que, sin constituir un gobierno militar, tampoco hablan de una institucionalidad democrática saludable. Con la seguridad en manos militares, y con las fuerzas armadas como ejecutoras de componentes importantes del proyecto de gobierno, es dable cuestionar qué margen de poder conserva el gobierno civil frente al estamento militar”.
En ese sentido la organización destaca el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos por varios cargos, entre ellos el de narcotráfico. López Obrador hizo “esfuerzos inéditos” no sólo para lograr su traslado a México sino incluso la liberación del militar.
El documento también resalta que López Obrador aprecia en las fuerzas armadas una vía para combatir la corrupción. Si esa es la lógica, explica WOLA, no hay razones para que el presidente no la aplique en otras funciones civiles.
WOLA recuerda el acuerdo presidencial para que las fuerzas armadas asuman tareas de policía hasta 2024, además de la Guardia Nacional, cuerpo de seguridad que, aunque depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, opera bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En ese sentido observa un panorama desalentador: “Incluso si el gobierno retirara a las fuerzas armadas de las tareas policiales para 2024, dichas tareas quedarían en manos de otra institución militarizada (la Guardia Nacional). En este contexto, se desdibuja la necesaria reforma policial civil. Mientras tanto, persisten diversos factores estructurales que fomentan la violencia en México”.
WOLA critica la militarización de la seguridad pública implementada por Felipe Calderón, que repetiría, con algunos cambios su sucesor, Enrique Peña Nieto, aunque ambos con el proyecto de que corporaciones civiles se hicieran cargo de esas tareas. López Obrador ha acrecentado la presencia de la Guardia Nacional y continúan las fuerzas armadas en las calles. “Así, con variaciones, la militarización se ha convertido de supuesta medida transitoria en estrategia de largo plazo”.
La estrategia de Calderón aumentó el número de asesinatos y de desapariciones, además de que fragmentó las bandas criminales. Respecto a su estrategia ha habido cambios en el actual gobierno, como la reducción de tácticas bélicas, un paso positivo que, sin embargo, “no se ha acompañado de medida idóneas y suficientes para hacer frente a la violencia en curso en el país. Hoy, diversos grupos criminales siguen victimizando a la población y los homicidios continúan en niveles históricos”.
Así, considera WOLA, en los últimos 15 años “en vez de permitir que las autoridades adelantaran soluciones, la militarización se ha vuelto la adicción que posterga indefinidamente esas soluciones”. Mientras tanto, la reforma policial se ha ido aplazando y sigue pendiente, ya que, por ejemplo, la Guardia Nacional indica más un cambio de nombre que de estrategia.
Sobre la Guardia Nacional, WOLA dice lo siguiente: “En teoría, la GN es una institución civil: depende de las SSPC. Sin embargo, su estructura y su identidad institucional son fundamentalmente militares: la mayoría de sus aproximadamente 100 mil integrantes son militares, su despliegue territorial se realiza desde cuarteles y su Comandante es un general (quien pasó de elemento activo a retirado estando al frente de la GN). Aunado a lo anterior, diversos documentos oficiales publicados por los medios de comunicación, cuyo contenido no ha sido desmentido por el gobierno, revelan que la Sedena asumió el control operativo de la GN a partir del 6 de octubre de 2020”.
Finalmente, en sus conclusiones WOLA asevera que “ningún despliegue de fuerzas será suficiente para revertir la violencia mientras actores del Estado se encuentren entre los cómplices de las redes criminales; mientras no se priorice la reforma de las corporaciones civiles de seguridad; mientras las instituciones del país no avancen de manera trascendental en la investigación de los fenómenos delictivos, y mientras se toleren violaciones de derechos humanos por parte de las instituciones encargadas de velar por el estado de derecho”.
