La Ley de Seguridad Interior, promulgada el 21 de diciembre de 2017, “privilegia el paradigma de la guerra y la violencia en detrimento de la seguridad humana”, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
“Las Fuerzas Armadas de México obtuvieron con esta ley su capricho y su carta de impunidad, a pesar del rechazo de la sociedad civil y la comunidad internacional, como el pronunciamiento de seis relatores y el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), académicos, organizaciones civiles y sociales, artistas, intelectuales, organizaciones de los derechos humanos, víctimas y sobrevivientes, entre otros”, agregó.
“Es alarmante que en este país, las Fuerzas Armadas representan el poder más importante del Estado, ilimitado, intocable, a pesar de que tienen las manos manchadas de sangre, especialmente en una agresión y destrucción constante e histórica hacia los pueblos originarios y en contra de quienes defienden derechos”, expresó el organismo en un documento firmado por su director Pedro Faro Navarro.
Subrayó que “son críticos estos tiempos oscuros, ya que estamos presenciando que la Ley de Seguridad Interior es una de las medidas que blinda la implementación de las demás reformas estructurales; es un mecanismo adaptado a los intereses del mercado capitalista”.
La ocupación militar, aseveró, “es indispensable para la seguridad de los inversionistas de empresas legales e ilegales, puesto que garantiza el despeje de territorio. Consolidar un régimen totalitario es el hecho, con el disfraz discursivo de democracia que fortalece su estado de derecho en el ámbito de lo que llaman seguridad interior”.
El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, manifestó que “lo que queda documentado en todos estos años es que, desde el ámbito de los derechos humanos, el Estado mexicano es cómplice de la criminalidad en el país y por ello no cumple, no puede cumplir con sus deberes internacionales en tratados, convenios y la misma carta magna; todos estos instrumentos los utilizan para la apariencia de gobierno”.
Añadió que después de 24 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), las estrategias desarrolladas por la Secretaría de la Defensa Nacional, como el Plan de Campaña Chiapas 94 y Chiapas 2000, se siguen aplicando en la zona de conflicto, ahora como parte de la Guerra Integral de Desgaste”.
Estos planes, abundó, “siguen siendo parte de la estrategia del Estado para controlar e inhibir a los movimientos de resistencia, inmovilizando a los pueblos mediante la presencia, incursión a territorios de los pueblos y ocupación militar.
“Las acciones de autoridades gubernamentales están en complicidad con organizaciones sociales de corte paramilitar y grupos criminales, con la finalidad de golpear y destruir a las comunidades que ejercen su autonomía y cuyos territorios se necesitan para los negocios legales e ilegales del sistema neoliberal. Es aquí tierra fértil para aplicar y por la que fue creada la Ley de Seguridad Interior”.
La Jornada
