Los delitos violentos en el país rompen récords y se acumulan en los últimos dos sexenios más de 200 mil homicidios dolosos, según las cifras oficiales.
La inmensa mayoría de ellos, impunes. Muchos ni siquiera investigados.
Más de 50 aspirantes a candidatos municipales y líderes políticos, de diferentes partidos, han sido asesinados de septiembre pasado a la fecha.
Y aunque la violencia toca no sólo a los ciudadanos sino a los políticos locales -los más vulnerables frente al poder del crimen organizado- los candidatos presidenciales, sus equipos y sus partidos, se mantienen encerrados en su propia realidad.
La semana pasada ocurrieron hechos de violencia que no merecieron su atención en Tamaulipas, un estado en el que se dificulta saber si es el crimen organizado o el gobierno el que tiene el poder.
Dos niñas de cuatro y seis años de edad y su madre murieron por disparos de armas de alto poder en las afueras de Nuevo Laredo cuando circulaban en su automóvil por la carretera a Piedras Negras. Su padre resultó herido.
Entre la noche del sábado 24 y la madrugada del domingo 25 de marzo, delincuentes con uniformes y vehículos que aparentaban ser de la Marina realizaron tres emboscadas contra marinos destacados en la zona.
En el tercer enfrentamiento intervino un helicóptero artillado que salió de la base de operaciones de la Armada en Nuevo Laredo.
La Secretaría de Marina informó en un primer comunicado sobre los hechos que uno de sus elementos murió, doce resultaron heridos, y cuatro presuntos delincuentes perdieron la vida. Nada dijo de la familia que quedó atrapada en la última balacera.
La PGR informó el lunes que hubo siete personas muertas. Analí Ruiz, tía de las niñas, denunció que las balas que las mataron provinieron del helicóptero. La Marina emitió otro comunicado en el que aseguró que los disparos contra el automóvil eran horizontales, hechos desde tierra, y que el calibre era de armas que no portan sus helicópteros ni los marinos.
La PGR lleva la investigación. De los atacantes muertos nada se sabe. Se filtra que son del cártel del Noreste. No está claro ni siquiera el número de personas muertas, siete u ocho. Familiares de las víctimas civiles piden justicia y organizaciones no gubernamentales exigen que no se convierta en un caso del fuero militar.
Ninguno de los cuatro aspirantes a la presidencia tuvo palabras para la familia ni para el marino que murieron. Ni exigió una investigación ni condenó las emboscadas.
La violencia, la impunidad que la perpetúa y la corrupción que la cobija están entre las principales preocupaciones de los ciudadanos.
Los candidatos y sus equipos hablan de generalidades, hacen chistes en redes sociales y estrenan spots en televisión y radio en los que hablan sonrientes de un futuro maravilloso.
Así empiezan los 90 días de campaña oficial.
Carlos Loret de Mola
