A Hugo Aguilar Ortiz se le asignó el número 34 en la boleta electoral morada (la de ministros) y hasta pasado el mediodía de este lunes aventajaba con 3 millones 287 mil 099 votos, equivalente a con 5.14 por ciento, por encima de las tres actuales ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que están en la competencia (Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz).
Originario de Oaxaca, Hugo Aguilar se autodefine como candidato indígena. Promovió su campaña bajo el lema “¡Ya nos toca!”, portando guayaberas similares a las que usa el ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y consignas como “amor y compromiso”.
En su perfil en la página ¡Conóceles! del Instituto Nacional Electoral (INE) escribió que buscó este cargo porque “como indígena, un cargo es sinónimo de servicio y busco ponerme al servicio de la justicia y de los pueblos”.
El abogado especializado en derechos de los pueblos indígenas, “con visión de justicia pluricultural y derechos humanos”, nació en la región mixteca de Oaxaca, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y se desempeña como coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), donde lleva casi 7 años laborando.
En su visión de justicia, señala que no debe basarse en la simple aplicación de la ley, pues en pocas ocasiones la verdad legal está acorde con la verdad real.
“El reto principal que tiene la función jurisdiccional es acercar la justicia a la realidad, hacerla útil, generar paz y tranquilidad. Las resoluciones deben ser fuente de unidad y no el inicio de nuevas etapas de conflictividad”, asevera en su visión de la función que debe tener un ministro.
El candidato indígena, quien podría ser el próximo presidente de la SCJN durante los siguientes dos años, ha sido representante legal de 40 comunidades indígenas en conflictos agrarios, confrontaciones entre el sistema jurídico indígena y el estatal.
Participó como integrante del cuerpo asesor del Ejército de Liberación Nacional (EZLN) en la definición de las propuestas de reformas constitucionales presentadas a la Comisión de Concordia y Pacificación.
En 2006, interpuso 6 controversias constitucionales ante la Corte contra la Ley de Radio y Televisión, en las que planteó la incongruencia en dicha ley al no contemplar la posibilidad de que los pueblos indígenas puedan manejar sus propios medios de comunicación.
También fue asesor jurídico y representante legal del municipio de Santiago Atitlán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como de otras organizaciones indígenas.
