jueves, 12 de marzo de 2026 · 05:00
Cada mes en el Diario Oficial de la Federación se publica un listado que rara vez ocupa titulares, pero que revela una práctica persistente: empresas que facturan operaciones inexistentes.
Al ser revisadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), muchas de estas compañías no pueden demostrar que cuentan con personal, infraestructura o capacidad real. En el lenguaje cotidiano se les conoce como empresas fantasma.
El 20 de febrero de 2026, 60 nuevos contribuyentes fueron incorporados al listado de empresas que emitieron comprobantes fiscales por operaciones inexistentes. De ellos, 54 no lograron desvirtuar los señalamientos y seis sí consiguieron acreditar sus operaciones.
Esas empresas en ocasiones se crean para participar en contratos previamente pactados, compitiendo entre sí mediante otras compañías del mismo grupo que aparentan ser “legales” en las licitaciones emitiendo facturas que respaldan operaciones que nunca se realizaron.
Incluso, logran contratos millonarios pese a domicilios fantasma y prestanombres ocultando a los verdaderos beneficiarios de recursos públicos, los famosos “beneficiarios finales”.
En varias de esas redes se repiten notarías, socios, representantes legales y estructuras mostrando un patrón sistemático dentro de ciertos círculos empresariales privilegiados.
Investigaciones periodísticas, usando herramientas como Compranet y la Plataforma Nacional de Transparencia, han permitido detectar esas irregularidades aprovechando que todas las instituciones están obligadas a publicar sus contratos de obra, prestación de servicios y adquisiciones de manera trimestral.
Las revisiones del SAT se concentran especialmente en personas morales y actividades empresariales, donde la simulación de operaciones puede involucrar cifras significativas.
La publicación periódica de esos listados muestra que el problema persiste, pero también plantea el reto de demostrar que la transparencia y la fiscalización digital realmente funcionen.
De acuerdo con un reportaje de Quinto Elemento Lab y la abogada Denise Tron, en los ochenta bastaba con imprimir facturas falsas para deducir gastos inexistentes. Con la digitalización de 2004 las simulaciones evolucionaron: hoy se crean empresas completas que aparentan existir, manteniendo el mismo objetivo: evadir impuestos.
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó que este tipo de prácticas se repite en decenas de empresas que han recurrido al uso de identidades de trabajadores, oficinistas y beneficiarios de programas sociales para registrarlos como supuestos accionistas, socios o apoderados, cuando en realidad funcionan como prestanombres o fachada de los verdaderos propietarios.
Justo el fin de semana pasado, a raíz de una fiesta de XV años que se volvió viral, el anfitrión y padre de la festejada figura como socio en 17 empresas de distintos giros, entre ellos servicios petroleros, inmobiliarios, gasolineras y construcción. El caso volvió a poner sobre la mesa que el esquema de empresas fantasma y compañías beneficiadas por contratos públicos sigue avanzando en el país.
La evasión cambia de forma, pero el reto de combatirla sigue siendo el mismo: la apariencia nunca puede sustituir a la realidad. Sin embargo, si las líneas de investigación no terminan en sanciones, los posibles nexos de autoridades con empresas fantasma terminan quedando impunes.
