Por julieta del Rio
Hoy vemos una creciente disputa por obtener una curul en los congresos locales y en el Congreso de la Unión. Pero ¿qué significa realmente buscar una diputación? ¿Se trata de representar a los ciudadanos, legislar, proponer iniciativas, construir acuerdos y fiscalizar los recursos públicos? ¿O, en algunos casos, se ha convertido también en una ruta para obtener protección cuando comienzan a aparecer cuestionamientos sobre el ejercicio de un cargo público?
No pretendo generalizar. Hay legisladoras y legisladores con preparación, experiencia y verdadera vocación de servicio. Pero también es imposible ignorar que hoy llegan a los congresos personas sin la preparación necesaria para asumir una responsabilidad legislativa y, en algunos casos, actores políticos que, después de ocupar posiciones de poder y quedar bajo señalamientos por posibles irregularidades, auditorías, investigaciones periodísticas o cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos, buscan rápidamente una diputación.
Entonces surge una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿quieren servir o buscan blindarse?
›
Durante años los congresos fueron concebidos como espacios para el debate parlamentario, el conocimiento, la representación ciudadana y la construcción de acuerdos. No se trata de idealizar el pasado: siempre han existido excepciones. Pero resulta difícil ignorar que hoy, con demasiada frecuencia, el nivel del debate está por debajo de lo que debería corresponder a un recinto legislativo.
El argumento es sustituido por la descalificación, la preparación por la estridencia y la deliberación por el espectáculo político.
Legislar no es gritar más fuerte. Representar no es insultar. Y ganar una elección no convierte automáticamente a nadie en estadista.
La política necesita recuperar preparación, responsabilidad y dignidad. Está muy desgastada.
Y es precisamente aquí donde aparece el tema del fuero.
La Constitución establece protecciones para las y los legisladores respecto de las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus funciones y contempla, en determinados casos, un procedimiento de declaración de procedencia para ejercer acción penal durante el encargo. Pero hay una diferencia fundamental que no debemos perder de vista: proteger la función legislativa no significa blindar a la persona.
El fuero no debería convertirse en una estrategia para enfrentar cuestionamientos derivados de una gestión anterior.
Cuando una persona deja un cargo público y comienzan las preguntas sobre contratos, obras, proveedores, adjudicaciones, posibles conflictos de interés o el destino de recursos públicos, la respuesta no debería ser buscar inmediatamente otro cargo. La respuesta debería ser enfrentar el escrutinio público y permitir que las autoridades competentes investiguen a fondo y determinen, conforme a derecho, si existe alguna responsabilidad.
¿Quién autorizó? ¿Quién contrató? ¿Quién recibió? ¿Quién ejecutó? ¿Quién supervisó? ¿Quién pagó? ¿Quién se benefició?
Y sobre todo: ¿dónde terminó el dinero público?
Cuando existen señalamientos sobre posibles irregularidades no corresponde a la opinión pública dictar sentencias. Corresponde exigir que se investigue. Revisar contratos, procesos de adjudicación, empresas, beneficiarios, pagos y expedientes. Y si existen elementos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o penales, que sean las autoridades competentes quienes determinen lo que corresponda.
Eso también es un Estado de derecho: nadie debe ser condenado sin pruebas, pero nadie debería quedar fuera de una investigación por tener poder político.
La rendición de cuentas tampoco termina cuando termina un gobierno. Una auditoría no desaparece porque exista una elección. Un contrato no deja de existir porque cambie el funcionario. Una transferencia no se borra porque alguien obtenga una candidatura.
Las huellas permanecen.
Por eso, cuando una persona que enfrenta cuestionamientos sobre su gestión busca inmediatamente una diputación, la sociedad tiene derecho a preguntar qué hay detrás de esa decisión. No significa que toda candidatura tenga necesariamente esa intención, pero sí que debe existir escrutinio público.
También los partidos tienen una responsabilidad. Las candidaturas no deberían convertirse en mecanismos para rescatar políticamente a quienes tienen cuentas pendientes de aclarar. Elegir candidatos también implica revisar su trayectoria, su experiencia y su desempeño en los cargos públicos que hayan ocupado.
Porque la democracia no consiste solamente en votar. También consiste en saber a quién estamos eligiendo y qué antecedentes tiene.
Hoy la ciudadanía cuenta con más herramientas para vigilar al poder. Existe el periodismo de investigación, la fiscalización, los documentos públicos y una sociedad que observa y cuestiona. Lo que antes podía permanecer oculto en un expediente hoy puede llegar a millones de personas.
Por eso una diputación no debería ser un refugio. Debería ser una responsabilidad.
No podemos construir instituciones para proteger personas. Necesitamos instituciones capaces de proteger derechos y hacer efectiva la rendición de cuentas.
Y hay que recordar especialmente en tiempos electorales: las urnas no borran las huellas, los cargos no blindan los documentos y el dinero público siempre deja un rastro que debe poder seguirse y es encontrado.
Las huellas permanecen. Los documentos permanecen. Los contratos permanecen. Y cuando existen elementos que deben investigarse la ley debe alcanzar a todos por igual.
Una diputación se busca para representar a los ciudadanos, no para esconderse detrás del cargo.
