En México, la fragmentación de los sistemas de pensiones genera desigualdades y presiones financieras, más de mil esquemas diferentes consumen 23 por ciento del presupuesto federal y enfrentan descapitalización generalizada, según revelan datos de la Secretaría de Hacienda y estudios del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Estos sistemas se dividen en públicos y privados, con esquemas de reparto (Ley 73), donde las cotizaciones colectivas financian las pensiones, y de cuentas individuales (Ley 97), basados en ahorros personales y patronales; además de la Pensión para el Bienestar, no contributiva, para adultos mayores.
Entre los principales esquemas destacan los del IMSS para trabajadores privados y otro para empleados del propio instituto; el del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), los de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam), esquemas estatales, municipales, de poderes judiciales, Banco de México, policías y banca de desarrollo, etcétera.
Existen tres grupos de pensionados. El primero incluye a 55 por ciento de la población económicamente activa (PEA), unos 35 millones sin acceso a sistemas contributivos, solo reciben la Pensión del Bienestar. El segundo abarca 33 por ciento de la PEA, afiliados al IMSS, divididos en Ley 73 (reparto) y post-1997 (Afore).
Antes de la reforma de 2020, las pensiones por Afore no superaban 25 por ciento del salario en activo. Desde 2024, el Fondo de Pensiones para el Bienestar complementará hasta 100 por ciento del salario, con tope de 16 mil 777 pesos mensuales, salario promedio de los trabajadores registrados en el IMSS.
El tercero representa 12 por ciento de la PEA, servidores públicos y universitarios, que se pensionaban con 25-30 años de servicio y 100 por ciento del último sueldo.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, el gasto federal en pensiones creció de 589 mil 238 millones de pesos en 2015 a un billón 190 millones de pesos en 2020 y a 2 billones 139 mil millones de pesos en 2025, equivalentes a 23 por ciento del presupuesto.
Los datos oficiales muestran que hay grandes brechas entre los pensionados en México; por ejemplo, los jubilados de la CFE reciben 961 mil 365 pesos anuales promedio, 50 veces más que los 19 mil 278 pesos de la Pensión Mujeres con Bienestar, que es la más baja. En tanto, los jubilados del Issste obtienen 279 mil 982 pesos anuales; los del IMSS, 179 mil 609, mientras los que tienen la Pensión de Adultos Mayores, 43 mil 152 pesos.
Alejandra Macías Sánchez, directora del CIEP, señala que México carece de un sistema homologado –sin requisitos ni beneficios uniformes–, lo que genera desigualdades, donde las pensiones de CFE y Pemex son muy altas, mientras los apoyos gubernamentales resultan insuficientes.
Universidades y estados en riesgo
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ha advertido que más de la mitad de los sistemas estatales y universitarios públicos están en quiebra técnica, situación que amenaza las finanzas públicas y los pagos futuros.
Según información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) existe un pasivo de 496 mil 392 millones de pesos en 28 universidades, producto de sistemas insostenibles por falta de aportes y jubilaciones a los 52 años.
Al respecto, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) ha advertido la ausencia de una regulación general, con cada universidad desarrollando esquemas propios que incrementan pasivos.
“Los sistemas de pensiones y jubilaciones del personal empleado en las Universidades Públicas Estatales (UPES), son diferentes en cuanto a su forma de financiamiento para hacer frente al pago de estos conceptos y se caracterizan por falta de regulación. Cada institución desarrolló su propio sistema, lo que para algunas se ha convertido en un problema de carácter financiero”, señala un estudio del organismo.
Recientemente, ante la presión financiera que enfrenta el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) la gobernadora Delfina Gómez propuso elevar edad de jubilación de 62 a 65 años, por etapas (63 en 2027, 64 en 2028, 65 en 2029), y para edad avanzada de 67 a 70 años con 15 de servicio.
Según datos oficiales, en este instituto los pensionados han crecido 547 por ciento de 2000 a 2025, de 14 mil 298 a 92 mil 530, con una proyección de 140 mil para 2030.
Para Gustavo Leal Fernández, experto en seguridad social de la Universidad Autónoma Metropolitana, el ajuste propuesto por la gobernadora es “tibio” y preserva la incertidumbre y frustración, afectando a los más jóvenes que aún no pueden defenderse; además de que no es una solución de fondo.
“Ante un quebranto que, según sus voceros, lo tiene ‘al borde de la quiebra’, Delfina Gómez propone reformar su ley e ‘iniciar su rescate’ elevando la edad de jubilación de 62 a 65 años. Durante la campaña de 2023, ofreció rescatarlo… Pero iniciando el tercer año de gobierno, apenas ofrece que ese incremento en la edad de jubilación no se aplique retroactivamente y que sea con periodos de transición adecuados.”
Enfatizó en que dicha medida ignora opciones como absorber costos de pensiones en curso por el gobierno, repartiendo cargas intergeneracionalmente o explorando ajustes equitativos. Asimismo, cuestionó por qué no se buscó preservar programas ante restricciones de contratación y calificó la propuesta como una salida fácil que evita el conflicto actual, pateando el problema a generaciones futuras.
El especialista señaló que urge un diálogo social sin imposiciones para lograr equidad y solidaridad, y se pregunta cuándo llegará el bienestar a pensiones del Issemym.
