El día de ayer, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, por unanimidad de votos ordenó el retiro de diversos comunicados y un video de seguridad difundidos por la PGR relacionados con el precandidato presidencial de la Coalición “Por México al Frente”.
Estos videos y comunicados son los que la dependencia dio a conocer con posterioridad a la visita de Ricardo Anaya, con sus abogados, a las instalaciones de la PGR a dejar su declaración por escrito en el caso donde han querido relacionarlo con una operación de lavado de dinero y donde un solícito funcionario bajó, casi sin aliento, a ofrecerle tomar su declaración en aquel momento.
Posterior a este hecho, la PGR dio a conocer, por medio de uno de los comunicados a los que hace referencia la resolución, que Ricardo Anaya se había negado a declarar, a lo que el candidato de la coalición “Por México al Frente” respondió que era falso lo afirmado por la dependencia, diciendo que había presentado su declaración por escrito y que había indicado que, en la dirección señalada en dicha declaración, se le podía llamar en caso de requerir que ampliara sus declaraciones.
Ante esto la PGR procedió a dar a conocer un segundo comunicado y el video en cuestión, ambos también contemplados en la sentencia del INE, en los que, curiosamente, se veía justo lo que había declarado Anaya, es decir, un funcionario de la PGR invitándolo a tomarle su declaración en ese momento y los abogados del candidato, particularmente Diego Fernández de Cevallos, diciendo que lo hacían por escrito y que, al no saber si el área de la PGR representada por el funcionario era la adecuada, pues su declaración la dirigían el encargado de despacho de la misma, esperarían que fueran llamados a través de los datos indicados en la declaración para cualquier ampliación que fuera necesaria.
Además, al final del video, se escucha un “hijos de puta” que en un primer momento quisieron atribuir al propio Ricardo Anaya y posteriormente dijo haber pronunciado Diego Fernández de Cevallos, mismo que no tenía ninguna relevancia de prueba o como parte de la investigación y que, a pesar de ello, fue retomado con mucha atención por parte de los medios de comunicación.
Lo anterior, además de haber sido lo ocurrido, es estrictamente legal y se apega a derecho. Sin embargo, la PGR lo manejó como que Ricardo Anaya se había negado a declarar (cosa que no hizo pues precisamente estaba allí para rendir declaración, sólo que por escrito, como la ley lo permite), y así lo replicaron los medios de comunicación en su gran mayoría.
Así lo retomó también el candidato del PRI, José Antonio Meade, su vocero de campaña Javier Lozano y el presidente de dicho partido Enrique Ochoa. Los tres, en diferentes foros y medios denunciaban que Anaya se había negado a declarar e, inmediatamente, inferían de ahí que algo ocultaba y, por tanto, que tenía culpabilidad en los hechos que se investigan.
Esto ha tenido un impacto en la opinión pública y en la percepción sobre el candidato de Por México al Frente, en las últimas mediciones en que esta pregunta se planteó a la población, más de un 50% respondieron que consideraban que Anaya tenía algo que ver con los hechos de lavado de dinero, profundamente difundidos.
Cual será al final el resultado de esta grosera intervención del Estado en el proceso electoral y qué impacto tendrá en el resultado final de la elección es algo que aún no sabemos.
Fue precisamente lo anterior lo que motivó que las representaciones del PAN, PRD y MC, partidos que integran dicha coalición, pidieran la medida cautelar a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, la que resolvió por unanimidad a su favor y ordenó las medidas cautelares que se mencionan.
Es importante resaltar que el INE no se pronuncia sobre la investigación en sí, ni sobre la culpabilidad o inocencia de cualquier implicado en ella, lo que es correcto. Esta tarea les correspondería a las autoridades involucradas en la investigación, las que debieran actuar con apego a derecho e imparcialidad.
Lo que resuelve el INE es que se violenta el principio de imparcialidad, afectado la contienda electoral, pues en los comunicados y videos de la PGR en donde se menciona al candidato y en “las respuestas otorgadas por la propia PGR se justifique la mención del mismo en la información que emite esa dependencia de gobierno”.
Es decir, si bien la resolución no prejuzga la intencionalidad de la PGR en sus acciones, se entiende que no se explica el por qué las realizaron dañando la imagen de uno de los contendientes sin aparente razón jurídica o de procedimiento para ello.
Este fallo es histórico, pues se trata de una orden del INE a la PGR para que retire de su página de internet información que, de manera oficial, la dependencia ha emitido y que el Instituto considera que incide de manera inadecuada en el proceso electoral.
Ante ello, la otra pregunta que cabe realizar es, amigo lector, sí da una vuelta por un puesto de periódicos o busca en internet la portada de los principales medios nacionales, ¿en cuántas de dichas portadas se refleja este fallo, del que nadie podría negar su trascendencia?
Me permito responder, revisé las principales y únicamente La Jornada retoma el dato en su primera plana y no como la nota principal. Todos los demás no hacen siquiera referencia en sus portadas a dicho hecho.
¿Alguna comparación con las portadas en donde se decía que Ricardo Anaya se había negado a declarar? Ninguna. Aquella nota recibió la principal atención de los medios nacionales. No se diga, y es más difícil de medir, el tiempo efectivo que se dedicó en emisiones de radio y televisión a hablar del tema, primero cuando la PGR sacó los comunicados y filtró los videos y segundo cuando el INE a resuelto que violan el principio de imparcialidad en la contienda electoral.
A mí en lo personal no me cabe la menor duda de que detrás de estas coberturas informativas mucho tiene que ver el dinero que se destina por parte del gobierno federal a publicidad en medios de comunicación, por ello la importancia de la cruzada emprendida por la Revista Etcétera y Marco Levario para regular esta práctica que ayudaría a que los medios se rijan más por criterios periodísticos que por consignas políticas.
No me cabe duda que detrás de esta cobertura (y posterior ausencia) informativa existe también una operación de Estado que sigue buscando sacar de la contienda, o al menos generar el mayor daño posible a un rival político.
Pero es de mencionarse y rescatarse también que no está todo tan mal, que nuestra democracia presenta avances y que hay instituciones que, pese a posibles errores, han venido logrando la consecución de una mayor autonomía. El fallo del INE sobre la PGR demuestra que esto es una realidad que hay que proteger y profundizar en México.
Proteger, porque el INE ha tenido crecimientos y retrocesos a lo largo de su historia desde que surgiera como IFE. Tenemos que potenciar los crecimientos y evitar nuevos retrocesos. Profundizar pues, en esta resolución, a la par que se observa una importante autonomía del INE con respecto al gobierno federal y sus intereses, no deja de contrastar con que evidencia la falta de autonomía y complicidad de otra institución fundamental para el país como es la PGR.
Muchas tareas por delante, pero esas tareas se cimientan sobre triunfos tangibles que, también, vale la pena detenerse a festejar.
Luis Antonio García Chávez
