El estudio Medición de la Pobreza 2020 del Coneval nos dice que 55.7 millones de mexicanos se encontraban, al final de ese año, en situación de pobreza. De acuerdo con cifras del INEGI, el total de habitantes en nuestro país era de más de 126 millones. En los rubros de pobreza moderada se ubicaban 44.9 millones, y 10.8 millones estaban en pobreza extrema.
El propio Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) reveló que 44.4% de las mujeres mexicanas se encontraban en condición de pobreza (28.6 millones).
De acuerdo con la edición del informe anual de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe): Panorama Social de América Latina 2020, se estima que el número de personas pobres se incrementó a 209 millones a finales de 2020 (22 millones de personas más que en 2019).
El informe considera que la pandemia del COVID-19 provocó en América Latina un aumento en los niveles de pobreza nunca visto en las últimas décadas, y que tuvo un impacto notable en la desigualdad y el empleo, sobre todo en el caso de las mujeres.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Regional de las Naciones Unidas, ha señalado que la pandemia se presentó en un ambiente económico, social y político complejo de bajo crecimiento, aumento de la pobreza y crecientes tensiones sociales; que puso al desnudo las desigualdades estructurales de las sociedades latinoamericanas y los altos niveles de informalidad y desprotección social, así como la injusta división sexual del trabajo.
Frente a este escenario, cabría preguntarnos: cuáles han sido las acciones que la presente administración para contrarrestar la problemática histórica sobre este tema específico, y cuáles son los planes emergentes ante posibles nuevas contingencias del tipo COVID-19 con miras a contener y superar las posibles afectaciones que pudiéramos enfrentar en caso de que volviéramos a vivir una experiencia similar.
En este sentido, cada administración federal ha fortalecido, sustituido o creado programas sociales para combatir la pobreza en México. Los resultados han sido de lo más diverso y dependen en gran medida del enfoque en el momento de evaluar. Hay quienes señalan que estas experiencias sólo han aumentado, progresivamente, el número de personas pobres. También han sido señalados como políticas de control y clientelismo político que terminan por agudizar la problemática, lejos de remediarla.
Diversos esfuerzos se han llevado a cabo para hacer más eficientes las políticas de combate a la pobreza. En 2004, en el marco de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) se crea el Sistema de Monitoreo y Evaluación en México, y el Coneval como la instancia autónoma, técnica y de gestión para medir la pobreza y evaluar la política de desarrollo social.
Otros instrumentos normativos, como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (2006), impulsaron el Sistema de Evaluación del Desempeño, y los Lineamientos Generales de Evaluación; estos determinaron la coordinación entre las instancias responsables de la evaluación en la Administración Pública Federal (CONEVAL y SHCP), en el marco del fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Evaluación, con miras a construir una cultura de la evaluación orientada a resultados.
El INEGI y el Coneval son los encargados de la regionalización de la pobreza; sin embargo, se ha dicho que la contabilización del número de personas pobres y sus especificidades carecen de un enfoque y seguimiento, de acuerdo con el tipo de recursos particulares que requieren, y mucho se han cuestionado a los mecanismos de entrega y evaluación de los apoyos, así como el resultado de estos en términos de una mejor calidad de vida para los beneficiarios.
Sin duda, la voluntad política es importante en los esfuerzos del combate a la pobreza. La viabilidad de los programas, así como su supervisión y evaluación, con miras a mejorar y transparentar todos los procesos, permiten que los recursos tengan un impacto efectivo —sean una inversión y no un fondo perdido— en la vida de las personas que buscan superar su condición de pobreza.
El diseño de las políticas sociales es responsabilidad de las administraciones federales, así como su ejecución, la transparencia en el ejercicio de los recursos asignados a ellas y someter su ejercicio a la evaluación; es sabido que cada programa social aportará una muy particular experiencia que permita aprovechar lo aprendido no sólo para su perfeccionamiento, también para la implementación de programas exitosos de carácter similar.
Este gobierno ha impulsado sus propios programas, todos ellos basados en su visión particular de superar las diversas problemáticas que enfrenta nuestro país, con la consigna “primero los pobres”; sin embargo, sigue pendiente la elaboración de un padrón único confiable independiente de los intereses clientelares y la entrega discrecional de recursos. Todos los programas del Estado en la materia deberían enfocarse en liberar al beneficiario del círculo vicioso en el que los atrapa su condición de pobreza, incorporándolos gradualmente en la vida económica del país, transformándolos en mexicanos productivos y corresponsables socialmente.
Este gobierno ha creado su propia marca denominada ‘Bienestar’. Sus políticas de inclusión financiera, social y política han impulsado la creación de empresas como el Gas Bienestar y Banco del Bienestar; también ha echado a andar programas como Becas para el Bienestar, Pensión para el Bienestar y Tandas para el Bienestar; ahora se habla del Tianguis del Bienestar, Instituto de Salud para el Bienestar, IMSS-Bienestar, Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Producción para el Bienestar (autosuficiencia alimentaria), y de laqs Universidades del Bienestar; además, creó una nueva secretaría de Estado: Secretaría del Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social), por mencionar algunos programas y acciones.
A, prácticamente, dos años de que termine esta administración, surgen algunas preguntas sobre los programas y acciones insignia del gobierno: ¿Cuántos de ellos superaron la etapa de prueba y error, y han hecho realidad la exigencia de los mexicanos de tener una vida de calidad? ¿Cuántos cerrarán el sexenio con resultados positivos y alentadores ante la evaluación final de un organismo autónomo e imparcial? ¿Qué elementos serán rescatables de estos programas para fortalecer nuestra política social de combate a la pobreza? ¿Llegó el tiempo de empezar a evaluar o la evaluación sólo es aplicable a los programas y gobiernos del pasado? Cada quién obtendrá sus propias conclusiones
Mariana Moguel Robles
moguelroblesm@gmail.com
