Para evitar la difusión de imágenes de investigaciones de hechos delictivos, especialmente relacionados con mujeres, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal para el Distrito Federal.
La reforma, aprobada de manera unánime con 58 votos, establece sanciones para los servidores públicos que difundan información reservada o documentos del lugar de los hechos o de un hallazgo vinculado con algún procedimiento penal.
Así, la reforma establece, en la adición del artículo 293 Quáter, que a quien, de manera indebida, viole la disposición anterior, se le podrán imponer desde dos hasta seis años de prisión, y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización.
También se determinó que esas sanciones aumentarán en tercera parte si se busca menoscabar la dignidad de las víctimas y sus familiares, y cuando se trate de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, o de las circunstancias de su muerte, de lesiones y estado de salud de las víctimas.
Asimismo, las sanciones también son mayores si quien incurre en los delitos es un servidor público integrante de alguna institución policial.
En el dictamen se menciona que la reforma implica el respeto a la memoria de las víctimas y que se busca impedir su revictimización, lo que puede agravar el daño que padecen.
La reforma aprobada ha sido llamada Ley Ingrid, debido al caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, asesinada hace un año en la capital del país, cuando imágenes de sus restos fueron entregadas por personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a personas ajenas a la investigación, por lo que fueron difundidas en redes sociales y algunos periódicos.
Lo anterior despertó la indignación y las protestas de grupos feministas, que reclamaron hasta agresivamente a algunos de los medios que divulgaron las fotografías del cadáver de Ingrid.
Ahora el dictamen será enviado a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital del país, para su publicación en el Diario Oficial de la Ciudad de México.
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