La presidenta de la Corte, Norma Piña, y los otros ministros y ministras de la Suprema Corte clasificaron como “confidenciales” una percepción adicional a su sueldo, el monto total de lo que ganan quincenalmente y las deducciones que se les aplican, bajo el argumento de que “son personas físicas identificadas o identificables”.
Esta decisión violaría la Ley General de Transparencia, que establece como obligación revelar cuánto se les paga a todos los servidores públicos.
Hasta ahora, lo que se puede documentar plenamente son los 5.6 millones de pesos que cada uno de ellos se embolsa al año por: sueldo, aguinaldo, pago por riesgo, dos seguros y dos primas.
No obstante, hay otras canonjías que se les pagan con el erario: dos camionetas de lujo blindadas tipo Suburban; viajes para ellos y su familia nuclear; internet, iPads, computadoras y videovigilancia en sus casas; personal de apoyo para sus hogares; 22 mil pesos para gasolina, entre otras.
El 14 de noviembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación clasificó como “confidencial” el monto total de los sueldos, percepciones y deducciones de los ministros y ministras, bajo el argumento de que los juzgadores son “personas físicas identificadas o identificables” y que, según su criterio, se trata de datos personales. En particular, censuró el pago de una percepción adicional a los sueldos de la presidenta del máximo tribunal, Norma Lucía Piña Hernández, y de los ministros y ministras: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek, Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, y el ahora exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Adicionalmente, en los informes abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia se evidencia que la Suprema Corte le paga a cada uno de los juzgadores de su Pleno un seguro de gastos médicos mayores por 12 mil 953.2 pesos mensuales (155 mil 438.4 pesos al año), y un seguro de vida institucional mensual por 3 mil 150.6 pesos (37 mil 807.2 pesos anuales). Esto es que cada ministro y ministra de la Corte gana mensualmente al menos 467 mil 702.6 pesos.
Ahora, con la llegada de Lenia Batres Guadarrama a la SCJN, podría revelarse por primera vez con exactitud cuánto ganan los integrantes del Pleno, pues la nueva ministra se comprometió a devolver a la Tesorería de la Federación los excesos indebidos.
Incluso en su discurso de imposición de la toga, el pasado 4 de enero de 2024, la nueva juzgadora exhibió a sus pares, al indicar que, desde hace 14 años, la Suprema Corte ha incumplido “el artículo 127 constitucional, que fija como límite para la remuneración de las personas servidoras públicas la establecida para el presidente de la República. Disposición que no fue impuesta ni por el actual mandatario [Andrés Manuel López Obrador] ni por las mayorías parlamentarias actuales, sino que entró en vigor en 2010. La insistencia en este tema no responde a una política o a ideales de una cierta visión partidista, simplemente considero que nos corresponde acatar la Constitución”.
El expediente que entregó la Suprema Corte a Contralínea –después de prorrogar los tiempos en más de cinco ocasiones– demuestra que a los ministros y ministras de la Corte se les paga quincenalmente su sueldo. Las copias de los “reportes de incidencias de nómina” indican que el pago quincenal se integra de la siguiente manera:
“0001 Sueldo Base [por] 27 mil 135.05 [pesos]; 0002 Compensación Garantizada [por] 116 mil 76.87 [pesos]; 0004 Prestación de Previsión Social MM [por] 1 mil 90.71 [pesos]; 0005 Prestación inherente al cargo [por] 4 mil 399.27 [pesos]”, lo que hace un total quincenal de 148 mil 640 pesos (297 mil 403.77 al mes).
