En los tiempos de la Cuarta Transformación perdura la vieja práctica priista que convierte las estructuras de programas sociales en plataformas electorales.
Así, siete de los delegados de Bienestar –también llamados “superdelegados”– ya presentaron sus renuncias al presidente Andrés Manuel López Obrador con la intención de competir por las gubernaturas de los estados donde administraron respectivamente los programas en los últimos dos años.
Después de separarse de su cargo, Víctor Manuel Castro Cosío se alistaría como candidato para Baja California Sur; Indira Vizcaíno Silva buscaría el gobierno de Colima, Juan Carlos Loera de la Rosa se presentaría en Chihuahua, Pablo Almícar Sandoval Ballesteros pelearía por Guerrero, Lorena Cuellar Cisneros se lanzaría en Tlaxcala, y Manuel Peraza Segovia buscaría el poder en Nayarit.
Aparte, Hugo Eric Flores Cervantes, el fundador del Partido Encuentro Social (PES) renunció a su cargo de superdelegado en Morelos para presidir su organización política –que acaba de recibir su registro como partido, con todo y una bolsa de recursos públicos de más de 169 millones de pesos para 2021–, y el superdelegado Roberto Pantoja Arzola expresó su deseo de ser gobernador de Michoacán, aunque hasta el momento permanece en su puesto.
Con el precedente de Jaime Bonilla Valdez –quien fue superdelegado en Baja California y posteriormente ganó la gubernatura del estado bajo la bandera de Morena–, la reciente ola de renuncias confirma que la “Coordinación General de Programas para el Desarrollo”, una estructura creada en el gobierno actual y dirigida por Gabriel García Hernández, es una fábrica de candidatos.
No es sorpresa: aparte de su amistad de dos décadas con López Obrador, García Hernández es un profesional de las elecciones: fue apoderado legal de la organización Honestidad Valiente, en 2012 coordinó la campaña del tabasqueño, y antes de las elecciones de 2018 era Secretario de Organización de Morena, con lo que supervisó toda la estructura del partido en vistas a los comicios.
Todos los “superdelegados” también tienen perfiles orientados al juego electoral: 21 tuvieron algún cargo de primer nivel en Morena, algunos fueron candidatos a gobernadores –como Delfina Gómez, en el Estado de México–, muchos son o fueron legisladores federales, y algunos llevan amistades añejas con López Obrador.
Aparte, López Obrador y García Hernández ofrecieron a estos “superdelegados” las herramientas necesarias para asentar su poder: unos salarios brutos mensuales de 126 mil 617 mil pesos; una imponente infraestructura física y humana –cada uno tiene bajo su mando a varios subdelegados y cientos de “servidores de la nación”–, y una fuerte exposición mediática, derivada de la operación de los programas sociales y del respaldo popular a López Obrador.
El presidente dejó claro que su interés principal en materia de política social es que los beneficiarios de los programas reciban los recursos de manera directa, es decir, a través de las llamadas “tarjetas del Bienestar” y sin intermediarios que cobren “comisiones” de por medio. Pero el mandatario no ve con malos ojos que sus representantes tengan perfiles electoralistas.
En la conferencia matutina del 3 de diciembre de 2019, por ejemplo, se le sugirió que sustituya los delegados por “verdaderos ciudadanos que no estén metidos en la política y que no tengan claras intenciones electorales”; inmediatamente, el mandatario reviró que “la política es un oficio noble, la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla si la política se entiende como el oficio que permite al ser humano servir a los demás”.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las secretarías al frente de programas sociales también sirvieron de “trampolín” electoral para una serie de funcionarios, así como de delegados estatales y locales, y el propio José Antonio Meade Kuribreña aprovechó su breve estancia en la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para impulsar su candidatura presidencial de 2018
por Mathieu Tourliere
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