En algunos círculos avanza la idea de transformar el Tribunal Electoral en una sala de la Suprema Corte o en dar un manotazo para lograr una integración distinta.
Estas propuestas no prosperarán, pero dan cuenta de una preocupación genuina ante lo que parece una captura del poder ejecutivo de esa institución encargada, entre otras cuestiones, de establecer la validez de las contiendas de gubernaturas y, por supuesto, de la presidencia de la República.
Además de violatorio de la Constitución, sería un despropósito el cambiar de tajo a los magistrados y magistradas, porque pasaríamos de las decisiones divididas de la actualidad, a la unanimidad en los juicios en que se comprometa al poder ejecutivo o a su partido.
En la Suprema Corte, por desgracia, están dispuestos a cavar todavía más hondo si ello les permite no confrontarse con el presidente López Obrador, como quedó establecido en la vergonzosa aprobación de la consulta popular y en el galimatías que redactaron para tratar de esquivar un golpe que ellos mismos se dieron. Una sala electoral sólo sería una copia de lo que ahora ocurre en el TEPJF, con el agravante de que no existiría disidencia alguna.
Entonces ¿qué hacer? Me parece que toca a las organizaciones de la sociedad civil, como ya lo hacen, el revisar las sentencias, el discutirlas y el lograr que se conozcan, dando visibilidad a los votos particulares.
Es bastante interesante atender los argumentos de los magistrados y magistradas, porque en ellos se van sentando precedentes, pero al mismo tiempo se siembra lo que puede cambiar en el futuro.
Los magistrados y magistradas hablan en sus sentencias, en sus discusiones y proyectos. Ahí es donde se pueden observar la coherencia o la incoherencia de las determinaciones y de su sentido.
Con ello también se despejan dudas y se adquieren argumentos mucho más sólidos para realizar una crítica constructiva, pero también para alertar de lo que son peligros para la democracia misma.
Pero, además, esta vigilancia social le da fuerza y cobertura a las decisiones más difíciles y embarnece la independencia judicial de las múltiples presiones a las que está sujeta.
En el TEPJF son jueces constitucionales y así hay que evaluarlos desde la política, los medios y la sociedad.
Por momentos parecerá un ejercicio poco provechoso, pero será útil con el paso del tiempo, porque el poder político cambiará tarde o temprano.
Más vale hacerlo, porque las elecciones del 2021 no solo serán las más grandes de la historia, sino esbozarán el horizonte mexicano en las próximas décadas.
Para nada es menor lo que está en disputa, y sobre todo porque lo que se abrirá o cerrará será la posibilidad de reencauzar la vida institucional y detener el deterioro que avanza de modo incontenible.
Julián Andrade
Escritor y periodista.
