Gabriel Sosa Plata* lo expone aquí
*Profesor e investigador de la UAM-Xochimilco. Defensor de las audiencias y un apasionado de la historia, las tecnologías y los contenidos de los medios y las plataformas digitales. Autor de “Días de radio. Historias de la radio en México”, “Innovaciones tecnológicas de la radio en México” y otras obras. Ganador de dos premios nacionales de investigación en comunicación. Fue director general de Radio Educación. Conduce el programa “Media 20.1” en TV UNAM.
Empresas cabildearán contra el dictamen para eliminar al IFT, mientras Sheinbaum y Monreal priorizan otras reformas antes de desaparecer órganos autónomos.
Me sumo a quienes consideran que no debería desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Me parece un error histórico que regrese al Ejecutivo Federal la facultad para otorgar directamente las concesiones de radio, televisión y telecomunicaciones porque gracias a este mecanismo discrecional se forjó una industria altamente concentrada y afín a los intereses del poder político en turno y no de las audiencias o consumidores.
Si bien el movimiento de la 4T ha replanteado su relación con los intereses que hay detrás de los sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones, no deja de ser una tentación el enorme poder que implica la posibilidad de entregar concesiones a quien se desee, aun cuando se mantengan en la Constitución y en la ley los requisitos para la explotación de las frecuencias, el desarrollo de infraestructura y las obligaciones correspondientes.
Ahora bien, si revisamos con mayor detalle la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y el dictamen aprobado el viernes pasado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, hay aspectos que tampoco debemos dejar desapercibidos y que en algún sentido atemperan el impacto que podría traer la extinción del IFT:
Derechos humanos. Ninguno de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución en el tema que nos ocupa es vulnerado en la iniciativa. Ninguno. El derecho a la libertad de expresión, con los límites consensuados, sigue intacto, al igual que el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.
Derechos de las audiencias y usuarios. No desaparecen. Se mantiene la fracción en la que se establece que “la ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección.” Será en la ley en donde podrían ampliarse y tutelarse de una manera más efectiva. Recuérdese que al respecto ya tenemos sentencias firmes en cuanto a que los derechos de las audiencias son derechos humanos y aplicaría el principio de progresividad.
Régimen de concesiones. Sin cambios. Continuarán las concesiones de uso comercial, de uso social, de uso comunitario e indígena, así como las concesiones únicas. En consecuencia, uno de los mayores logros de la reforma constitucional de 2013, que fue el reconocimiento de los medios comunitarios, indígenas y públicos, con las posibilidades para su sostenimiento, seguirán vigentes.
Regulación asimétrica. Tampoco desaparece. Ya no será el IFT sino la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la dependencia encargada de la regulación económica de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Así que le serán trasladadas las facultades para, por ejemplo, regular de manera asimétrica a las poderosas empresas del sector, dividir empresas o establecer límites a la concentración de frecuencias en los mercados.
Licitación pública. El procedimiento de licitación de frecuencias para las concesiones de uso comercial también seguirá sin cambios. Los ingresos que se obtienen mediante mecanismos parecidos a las subastas y que han sido destacados en últimas fechas por el IFT continuarán. Esto es, no se cortarán los recursos que llegan a la hacienda pública por los derechos de explotación de las frecuencias.
Nuevo sistema de información. No desaparece el Registro Público de Concesiones, que fue otro aporte importante de la reforma constitucional de 2013 y que ha sido de gran utilidad para conocer quiénes están detrás de las emisoras de radio y televisión, así como de las empresas de telecomunicaciones. Se reforzará con un nuevo Sistema Nacional de Información de Infraestructura.
Amparo sin suspensión. Uno de los puntos más controvertidos de la reforma constitucional de 2013 consistió en que los actos del IFT sólo podían ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto y no serían objeto de suspensión. Esto así se determinó en su momento para evitar juicios que sólo impedían una competencia en estos mercados y que fue un arma muy utilizada por las empresas que dominaban (y dominan) a la industria. Pues bien, esto seguirá, y se agregó que “solamente en los casos en que se impongan multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva”.
Hacienda sin opinión. Para el otorgamiento, revocación, cesiones o cambios de control accionario en radiodifusión y telecomunicaciones, la Constitución obliga a solicitar una opinión no vinculante a la Secretaría de Hacienda. Este “chipote” que minaba la autonomía del IFT fue muy cuestionado en 2013. Si se aprueba la reforma, esto ya no será necesario.
Publicidad e información. En la iniciativa tampoco hay cambios en la prohibición expresa plasmada en el artículo 6º de transmitir “publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”. Este derecho de las audiencias, tan vulnerado en infinidad de noticiarios, sigue siendo una deuda importante en su garantía. Podría abrirse una nueva oportunidad para su protección efectiva en la ley si se aprueba la iniciativa presidencial.
Nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. En el dictamen se marcan 90 días para que el Congreso lleve a cabo la adecuación de la legislación secundaria.
Si la intención de desaparecer al IFT continúa, se abre un camino interesante para corregir en la ley de 2014 algunos temas que no se plasmaron con la misma contundencia que se definieron en la reforma constitucional de 2013. Se podrían fortalecer los medios comunitarios e indígenas (en congruencia con la reforma constitucional que también propuso el presidente en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas), los medios públicos, los derechos de las audiencias, habría una definición más clara en la regulación de contenidos (hoy dispersa y desarticulada), la regulación asimétrica, la propiedad cruzada, entre otros pendientes que nos dejó la ley de 2014.
Al extinguirse el IFT se anularía todo el procedimiento de selección de comisionados, incluido en la Constitución. Todas las áreas que hoy forman parte del IFT pasarían a la SICT. Los derechos laborales no serían afectados, pero se aplicarían las obligaciones de austeridad republicana y evitar la duplicidad de funciones. Los comisionados actuales no podrían continuar.
Qué sigue?
El dictamen ya aprobado se presentará en el pleno de la nueva legislatura de la Cámara de Diputados, que comenzará funciones el primero de septiembre. Si se avala, pasará al Senado, donde se prevé una discusión más amplia, dado que Morena y partidos aliados requerirán del apoyo de tres senadores de la oposición para hacer posible la reforma. Si lo logran, vendrá la etapa de aprobación en los Congresos de las diferentes entidades. Tampoco ahí habría problema, dado que la 4T gobierna en la mayoría de los estados.
En todo este proceso, veremos un cabildeo intenso de las empresas del sector para que se deseche el dictamen, habrá muchos nados sincronizados informativos (y desinformativos) en los medios afines, amenazas internas y externas en materia de inversión, se advertirá sobre las consecuencias que habría por la violación al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, y otras acciones más. Al igual que la reforma al poder judicial, el objetivo de desaparecer al IFT y a otros órganos autónomos, no se concretará con miel sobre hojuelas. Quizás por lo mismo, la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, declaró hace algunas semanas que antes de desaparecer a los órganos autónomos, se daría prioridad a otras reformas, como la del poder judicial y la de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Algo similar manifestó el pasado fin de semana el diputado electo y posible coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.
Así que aún falta mucho por escribir sobre esta historia.
