07 de septiembre de 2024
En 2017, el ahora juez retirado de la Corte Suprema estadunidense Anthony M. Kennedy acuñó el término plaza pública moderna para referirse al Internet, en lo general, y a las redes sociales, en particular, como el espacio más importante para el intercambio de información y opiniones (shorturl.at/MRubc).
Los hechos han demostrado que el Internet y las redes sociales están muy lejos de ser una auténtica plaza pública, si bien todos los días y a todas horas concurren millones de usuarios a lo largo y ancho del orbe, lo cierto es que un puñado de empresas privadas controlan lo que se dice y lo que se transmite. La libertad de expresión en línea está bajo tutela de unas cuantas empresas privadas, llámese X, Facebook, TikTok y demás.
PUBLICIDAD
Recientemente, una serie de acontecimientos en diferentes latitudes ponen en evidencia las crecientes tensiones con relación a la libertad de expresión en el mundo digital entre los particulares que controlan las redes sociales y los diferentes países, con saldo positivo a las primeras.
En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Biden signó en abril de este año la ley para forzar la venta de TikTok o, de lo contrario, prohibir su uso en respuesta a la preocupación por vínculos de la compañía con el gobierno chino y el posible acceso de éste a los datos de 170 millones de estadunidenses en la plataforma. TikTok impugnó la referida ley aduciendo que atenta contra la libertad de expresión de sus usuarios, y a la fecha funciona en dicho país (shorturl.at/1swer).
El 1º de julio de 2024, la Corte Suprema estadunidense se pronunció sobre la demanda de NetChoice (una asociación entre cuyos miembros están Facebook y Youtube) contra las leyes de Florida y Texas en materia de moderación de contenidos por parte de las redes sociales. Si bien la Corte regresó los casos para análisis a instancias inferiores, lo cierto es que en la resolución de marras fijó los criterios conforme a los cuales debe realizarse tal escrutinio legal, señalando que las decisiones de las redes sobre remoción de contenidos están protegidas por la libertad de expresión conforme a la primera enmienda, por lo que el Estado no puede intervenir en las decisiones tomadas por las empresas (shorturl.at/cPWPp).
Hace apenas unos días, Mark Zuckerberg, CEO de Meta Platforms (que incluye a Facebook, Instagram, WhatsApp), en una carta dirigida al presidente del comité judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (shorturl.at/IUjdH), hizo públicos algunos pormenores de las relaciones de la empresa con los gobiernos de diferentes países en materia de moderación de contenidos. En específico, señaló que en 2021 el gobierno del presidente Biden presionó para censurar publicaciones referentes a la pandemia de covid-19. Sin embargo, refiere en la misiva, la decisión sobre los contenidos de sus plataformas pertenece por completo a ellos mismos, a nadie más.
Trasladándose al cono sur del continente americano, llaman la atención los casos de Venezuela y Brasil. En Venezuela, la situación cobró relevancia a raíz de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, a partir de las cuales el dueño de X, Elon Musk, y el presidente de dicho país, Nicolás Maduro, intercambiaron por una serie de mensajes con múltiples descalificaciones, lo que incluyó el reto de un combate cuerpo a cuerpo (shorturl. at/rUSwr).
Más allá de lo hilarante y anecdótico, lo ocurrido en Venezuela es de traerse a colación porque el conflicto escaló hasta que el presidente Maduro se lanzó contra las redes sociales por ser usadas, acorde con el mismo Maduro, para instigar el odio contra su gobierno. De modo que llamó a sus seguidores a desinstalar WhatsApp y migrar a Telegram o WeChat; al tiempo que, ordenó avanzar en la regulación de las redes (rb.gy/8ki2c2).
En Brasil, el magistrado Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal y presidente del Tribunal Superior Electoral, mandató que X suspendiera cuentas de simpatizantes del ex presidente Jair Bolsonaro por difundir información falsa y que atenta contra las instituciones democráticas. En respuesta, Elon Musk anunció el cierre de la representación de X en Brasil rb.gy/nv52uq).
Frente al desafío abierto de la empresa y su dueño a las órdenes de las autoridades brasileñas, X fue bloqueado y dejó de prestar sus servicios en el gigante sudamericano el pasado 31 de agosto.
Del otro lado del Atlántico, en Francia, fue detenido el fundador y CEO de Telegram, Pável Durov, por una investigación relacionada con complicidad (al permitir transacciones ilegales de grupos organizados), negativa a comunicarse (rechazando la solicitud de las autoridades para proporcionar información o documentos) y demás (rb.gy/7znpy5).
Es decir, la justicia francesa investiga al CEO de Telegram en términos de responsabilidad personal, no así a la compañía. Lo que, sin duda, implica un vuelco en la manera en que se fincan responsabilidades a las empresas de redes sociales y sus ejecutivos por el contenido que circula a través de las plataformas digitales. No obstante, lo que aquí se quiere resaltar es que Telegram se mantiene su funcionamiento normal en Francia.
Las experiencias referidas dan cuenta de la preocupación compartida y, en esa medida, de los intentos de los poderes públicos de diferentes Estados por circunscribir el poder que hoy tienen las redes sociales sobre la libertad de expresión de millones de usuarios alrededor del mundo. No obstante, el poder de los barones de las redes se conserva casi incólume (la única excepción parece ser Brasil).
Las redes sociales siguen gobernando a sus anchas el discurso en línea. La plaza pública moderna y la libertad de expresión en Internet están en sus manos.
*Doctor en ciencias políticas y sociales, UNAM
