Por nueve votos a favor contra los dos votos en contra, la Suprema Corte de Justicia sepultó definitivamente el llamado Plan B de la reforma electoral al anular, por fallas en el proceso legislativo, las partes esenciales. Todo, en medio de severas agresiones por parte del gobierno federal.
En sesión del Pleno realizada este jueves, se analizó y votó el proyecto del ministro Javier Laynez, que propuso desechar la reforma por deficiencias en el proceso legislativo, es decir, por las faltas graves a la ley cometidas por el Poder Legislativo al aprobar la reforma.
De los once ministros, únicamente se opusieron al proyecto las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, ambas afines a la 4T y que en ocasiones anteriores han apoyado los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de su inconstitucionalidad.
Al exponer y defender su proyecto, el ministro Laynez dijo que durante el proceso legislativo la mayoría morenista atentó contra el principio de deliberación democrática.
Con argumentos análogos a los que se expusieron al anular la primera parte del Plan B, Laynez dijo: la “Cámara de Diputados jamás expuso razones para justificar el trámite urgente de las iniciativas; los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas porque no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el Reglamento de la Cámara de Diputados y, lo más importante, tampoco gozaron de un plazo razonable para conocer lo que estaban votando, pues en total se trataba de reformas a más de 510 artículos que nunca fueron dictaminadas, que se presentaron en el momento de iniciar la sesión”.
Criticó que una reforma de tal importancia fuese aprobada en tan solo cuatro horas.
No solo eso: una vez iniciado el debate en la Cámara de Diputados, en la Gaceta Parlamentaria se cambió la versión de la reforma, con lo que los legisladores se encontraron debatiendo un documento que ya había sido sustituido, sin que conocieran la nueva versión.
Es decir, que votaron un documento que ya no era válido.
Otra violación fue el haber eliminado, por orden de AMLO, la llamada “cláusula de vida eterna” que permitía que un partido grande traspasara voto a un partido pequeño para evitarle la pérdida de registro.
Sobre ello, el proyecto del ministro apuntó que tal eliminación violó el artículo 72 de la Constitución, que impide que se alteren iniciativas ya aprobadas por ambas Cámaras.
“En ese momento ya únicamente podían ser remitidas al Ejecutivo Federal para que formulara observaciones o, en su caso, publicara las reformas”.
Tal como ocurrió con la anulación de la primera parte del Plan B, Arturo Zaldívar acompañó el proyecto, mientras que Esquivel y Ortiz se opusieron, argumentando débilmente que la Corte no puede invadir atribuciones del Poder Legislativo. Es decir, el mismo argumento dictado desde la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Se trata de una “franca violación al principio de división de poderes”, dijo Esquivel.
Se recordará que desde el gobierno federal han sembrado la noción de que la SCJN no puede anular nada de lo que haga el Poder Legislativo, puesto que esto implicaría usurpar sus funciones. Pero lo cierto es que la Corte tiene la facultad de anular leyes o reformas que atenten contra la Constitución, tanto en su forma, como en su fondo.
El procedimiento legislativo tiene que apegarse a la Carta Magna. En el caso del Plan B, la mayoría oficialista atropelló las normativas con tal de aprobar la reforma a toda velocidad.
Esta reforma tenía como objetivo central debilitar al INE, al desaparecer una buena parte de su estructura operativa y administrativa.
La excusa ofrecida por AMLO es que de esta manera se cumpliría con “abaratar” las elecciones, pero en realidad, su intención era hacer frágil al organismo, para tomar control de los procesos electorales.
En vísperas de que se echara por tierra su reforma, el presidente recrudeció sus ataques contra el Poder Judicial, advirtió que encarcelaría a jueces corruptos, alegó que se trataba de una usurpación de funciones y dijo que se fijan en la forma y no en el fondo.
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