Empresas de envíos y transporte por aplicación, transmisión de videos y audio por Internet comenzaron a presionar a la Cámara de Diputados para que no se apruebe o se modifique la iniciativa que las obligaría a informar a sus clientes, desde el contrato o el pedido, el precio “total y definitivo” de sus productos y servicios.
En cartas que enviaron a los coordinadores de las bancadas, organizaciones donde se agrupan firmas como Netflix, Disney, Uber, Rappi, DHL y FedEx señalaron que la medida “podría tener implicaciones técnicas y operativas relevantes para distintos modelos de negocio y servicios digitales”.
La iniciativa que presentó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, señala que las empresas ofrecen servicios engañosos, con un costo inicial bajo, que se incrementa con otros cargos, en un fenómeno que se conoce como dip pricing o “precios por goteo”, que se reproducen por ejemplo en servicios de streaming, que obligan a los usuarios a comprar un paquete adicional para evitar los anuncios.
Señala además que esa práctica explota los sesgos de conducta de los consumidores y, en la propuesta de reforma a la Ley de Protección al Consumidor, se propone que, una vez anunciado el precio inicial del producto, este debe ser respetado por las empresas “sin la posibilidad de sumar cargos no informados previamente y de forma visible a los consumidores”.
Solicitan mesas de trabajo para hacer observaciones
No obstante, el 14 de septiembre, las asociaciones que agrupan a las principales empresas de este tipo de servicios enviaron cartas a los coordinadores para solicitar “mesas de trabajo” para analizar el alcance de la iniciativa y presentar sus observaciones.
Entre otras, incluidas en su documento, señalan que “existen componentes del precio que únicamente pueden determinarse con información que se obtiene durante el proceso de compra”.
Citaron, por ejemplo, los costos de envío que dependen del código postal; las condiciones específicas de la compra; los envíos divididos que provengan de diferentes almacenes o vendedores; así como los productos de peso variable.
Además, argumentan que existen “servicios sujetos a variables posteriores”, como instalación, medidos por consumo; operaciones transfronterizas a los que se añaden impuestos de importación; o bien modelos de cibermercado en los que determinados precios o cargos dependen de terceros o proveedores de tecnología.
Por ello, consideran que se podría distinguir entre los cargos que “razonablemente” se pueden y deben informar desde el inicio, así como otros que “dependen de variables propias de la prestación del servicio o de información que aún no ha sido proporcionada por el consumidor”.
