La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que cualquier mujer puede reclamar la inconstitucionalidad de artículos que penalicen el aborto en normas que territorialmente sean aplicables a personas quejosas.
En su sesión de este miércoles, por mayoría de votos de cuatro contra uno, la Primera Sala del máximo tribunal del país resolvió con un proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo la contradicción entre dos tribunales colegiados respecto a si basta con ser mujer para reconocer su interés legítimo para impugnar normas que consideren el aborto como un delito.
Para los ministros de la Primera Sala, las normas que penalizan el aborto inciden en el significado cultural y social de los derechos de las mujeres y contribuyen a construir un imaginario social adverso para el ejercicio de sus derechos humanos porque considera a aquella práctica como éticamente incorrecta y se estigmatiza a las personas, además de generar temor entre el personal médico.
Los ministros también consideraron que la penalización del aborto puede comprometer el acceso de las mujeres a derechos humanos como la autonomía reproductiva, la vida, la no discriminación, la salud y la integridad.
Por ello, la Primera Sala estableció que una mujer, aunque no se encuentre embarazada, puede cuestionar por la vía constitucional que el legislador haya criminalizado la conducta de una mujer para, presuntamente, proteger el derecho a la vida del producto en gestación.
Así, a la mujer se le debe reconocer interés legítimo para ejercer el derecho a impugnar, mediante juicio de amparo, el delito de aborto, por lo que puede acreditar una afectación individualizable y diferenciada como tercera a la norma cuando esta le sea territorialmente aplicable.
Esta resolución de la Primera Sala de la SCJN significa que, a través de amparos, puede abrirse el camino a una más completa despenalización del aborto sin tener que esperar a que los congresos de los estados legislen al respecto.
