El Instituto Nacional Electoral (INE) no ha iniciado los trabajos hacia la elección de juzgadores y, en cambio, este miércoles se recrudecieron las divisiones en su Consejo General.
Seis consejeros impusieron su mayoría para que el INE interponga una controversia constitucional en contra de una reforma a la ley electoral, aprobada en el contexto de la judicial, que permite a la presidencia nombrar directivos y a la Junta General Ejecutiva tomar decisiones sin el aval del consejo, incluso en lo relacionado con la elección de juzgadores.
La presidenta Guadalupe Taddei reprochó a los seis consejeros promover la controversia con el argumento de que los cambios afectan la colegialidad del INE y, al mismo tiempo, irse por la libre e incurrir en una provocación que deja mal parado al órgano.
“Vendrán tiempos un poquito incluso peores a éste, que está siendo provocado desde dentro por seis consejeros, que pone en la luz al Instituto de una manera incorrecta, porque los convoqué a resolverlo aquí adentro, los convoqué a primero escuchar, a tocar las puertas de la colegialidad interna, no buscarla en una resolución jurídica”, expresó antes de la votación.
La presidenta sólo dio la razón a uno de sus opositores en el sentido de que en el INE persiste un “déficit de colegialidad”, y así se evidencia en este último suceso, pues reveló que en la víspera pidió a sus compañeros esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia, frente a una controversia promovida por partidos políticos, y evitar así la exposición del árbitro electoral.
Negó que la reforma a los artículos 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) – motivo del nuevo diferendo- haya sido aprobada de manera subrepticia en la última fase de la reforma al Poder Judicial.
También se manifestó a favor de respetar las resoluciones del Poder Legislativo.
“Entendemos que podemos no estar de acuerdo con esta reforma, pero eso no implica que digamos que lo que acaba de hacer en su facultad total y absoluta el Poder Legislativo tiene que ver con su facultad total”, señaló.
El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien además es el presidente de la Cámara de Diputados, anunció que llevará a rango constitucional el motivo de la disputa, es decir, para que las nuevas atribuciones a la presidencia y a la JGE queden en la Carta Magna.
Luego, durante la sesión advirtió que “no puede haber obstáculos” a la reforma judicial.
Afirmó que entre los seis consejeros buscan confrontarse con el Poder Legislativo y “algunos tienen intención política”, pues presentan razones “meta jurídicas”, precisamente en momentos en que la reforma judicial ordena al INE organizar la elección de juzgadores.
“Por eso les decía que se ha presentado una iniciativa para elevar a rango constitucional esto que hemos dicho en la ley y sostener la idea de que no puede haber obstáculos en la implementación de la reforma al Poder Judicial”, señaló el morenista.
Disputa
El punto fue el último agendado en el orden del día de la sesión extraordinaria de este miércoles, a petición de seis consejeros: Arturo Castillo, Dania Ravel, Claudia Zavala, Carla Humprhey, Martín Faz y Jaime Rivera, quienes con diferentes matices señalaron que la reforma se contrapone con el carácter constitucional del consejo general, como máxima instancia de decisión del INE, pero sobre todo defendieron su derecho de protesta.
Castillo sostuvo: “La colegialidad no es un capricho político, es una garantía de imparcialidad e independencia y está diseñado para proteger al INE como estructura y a la institución en sí misma”. Añadió que la reforma da facultades a una persona sobre el colectivo, pero también el propio cambio pone en riesgo a esa persona, sin contar que habría un problema de certeza si la Junta tiene un criterio y el consejo general otro.
En la posición minoritaria estuvieron, con Taddei, Norma de la Cruz, Rita Bell López, Jorge Montaño y Uuc-kib Espadas; este último advirtió en dos ocasiones que la reforma judicial no trastoca el funcionamiento del INE, el cual, por demás, tampoco tiene facultades para interponer una controversia, a menos que hubiera un riesgo para la operación del Instituto, asunto que no ocurre, dijo, porque trabaja de manera ordinaria con titulares y encargados de despacho de cada área.
“Yo no puedo llegar a ese extremo, las atribuciones constitucionales del INE no están afectadas por esta reforma”, dijo.
De la Cruz reprochó a sus compañeros elaborar el proyecto de orden de controversia constitucional de manera sigilosa y, además, para afectar la imagen de la Presidencia del consejo y del propio Instituto.
En vano les pidió cerrar filas. “Hoy más que nunca y ante la incertidumbre jurisdiccional en la que nos encontramos, ante la obligación de organizar un proceso electivo inédito, lo que queda es cerrar filas…porque tal pareciera que este acuerdo, por la forma en que se presentó, estábamos en una reunión de consejerías, subieron este acuerdo, ni siquiera nos dijeron ‘agua va’”.
