La organización ChildFund México reconoció los avances del gobierno federal en materia de protección digital de menores, pero criticó las medidas insuficientes que se han tomado, como el decreto para retirar contenidos violentos de plataformas o restringir el uso de teléfonos en escuelas, las cuales “no garantizan” resultados efectivos por sí solas.
En México, 1.6 millones de niños, niñas y adolescentes (1 de cada 8) sufrieron abuso o explotación sexual digital en lo que va de 2026, mientras la mayoría pasa un promedio de 5.6 horas diarias frente a la pantalla, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Estos delitos afectan principalmente a las mujeres —40.6%—, cuando el 64% de los agresores suelen ser personas cercanas, como parejas, amistades o familiares. Las víctimas presentan 15 veces más riesgo de autolesión, y la cifra negra es imperante, debido a que menos del 1% denuncia ante las autoridades.
Ante este panorama, ChildFund —con más de 50 años en el país— anunció en conferencia de prensa el inicio de su nueva etapa y el lanzamiento de la campaña “Empieza con cambios”. Además, aprovechó el espacio para emitir su posicionamiento frente al reciente marco regulatorio impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aunque la organización reconoció —de forma positiva— la limitación del uso de celulares y pantallas en instituciones de educación básica, así como el decreto presidencial sobre la eliminación de contenidos violentos, Yil Wood, especialista de Incidencia y Protección a la Niñez, advirtió que proteger a los menores en línea exige más acciones:
“Ambas estrategias reflejan la importancia que ha adquirido la seguridad digital en la agenda pública. Sin embargo…no garantizan por sí solas una protección efectiva”.
La especialista criticó que el cuidado “no pasa por negar el acceso a la tecnología, pasa por hacer que los entornos digitales sean seguros por diseño…La regulación es un paso importante, pero debe complementarse con educación digital, participación de las familias, fortalecimiento de salud mental y mayor corresponsabilidad de plataformas tecnológicas, con supervisión, transparencia y rendición de cuentas”.
“Se está identificando el problema, desde ahí reconocemos el avance… La cuestión es que necesita algunos ajustes, ciertos acuerdos”, añadió.
En esa misma línea, Adriana Castillo López, presidenta del Consejo de ChildFund México, dijo a Proceso: “No sólo es prohibir o quitar (la tecnología), sino es acompañar en los procesos y equipar a las escuelas… se trata de enseñar, formar y desarrollar”.
Wood hizo énfasis en la falta de reconocimiento y atención a las voces de las niñas, niños y adolescentes frente a esta problemática que, a nivel internacional, “pareciera estar totalmente fuera de control”.
“Ninguna organización sola, ni el propio gobierno, lo van a detener. Tenemos que ser todos juntos los que acabemos con el problema de forma integral”, dijo José Antonio Monroy, director de país de ChildFund México.EU ataca a Irán en represalia por la caída de un helicópteroLeer Más
Rezago legislativo
La organización señaló el retraso de México en materia de derechos digitales e inteligencia artificial (IA) frente a países como España y Brasil, que han avanzado hacia marcos legales vinculantes.
Wood hizo un llamado al Congreso de la Unión por el rezago legislativo en iniciativas y la expedición de una Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales.
Como parte de la solución, ChildFund México recomendó una serie de acciones orientadas a que los lineamientos del gobierno federal “verdaderamente puedan tener un enfoque de protección”.
Entre ellas destacan: llevar a cabo una consulta nacional que integre directamente a las niñas, niños y adolescentes en las políticas públicas; definir reglas claras para restringir contenidos de riesgo y proteger la privacidad; fortalecer las capacidades técnicas de las autoridades responsables y promover espacios permanentes de diálogo y colaboración.
“Entendemos que muchas veces por la inmediatez y los conflictos que va sufriendo en el país, hay que darle prioridad a otras cosas, pero también necesitamos que esto se convierta en prioritario desde la legislación”, concluyó Castillo.
