Un grupo de investigadores e integrantes de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación del INAH presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 26 funcionarios y exfuncionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por presuntas afectaciones al patrimonio arqueológico durante trabajos relacionados con el Tren Maya.
De acuerdo con los denunciantes, las querellas fueron interpuestas los días 7 y 8 de julio y buscan que la autoridad ministerial investigue posibles irregularidades ocurridas en el desarrollo del Parque de la Memoria Balam Tun, ubicado en Chetumal, Quintana Roo.
Durante una conferencia de prensa, el arqueólogo Jesús Evaristo Sánchez, representante de la comisión, afirmó que al menos 47 estructuras arqueológicas de origen maya habrían sufrido daños durante las obras y señaló que parte del material extraído presuntamente fue reutilizado para la construcción de elementos dentro del parque.
La denuncia incluye al exdirector general del INAH, Diego Prieto Hernández; al responsable del proyecto de salvamento arqueológico del Tren Maya, Manuel Pérez Rivas; integrantes del Consejo de Arqueología y otros servidores públicos que pudieran resultar responsables conforme avancen las investigaciones.
Los promoventes solicitaron a la FGR indagar la posible comisión de delitos como presunta destrucción y falsificación de monumentos arqueológicos, ejercicio ilícito del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, coalición de servidores públicos y otras conductas relacionadas con la protección del patrimonio cultural.
Hasta el momento, la denuncia representa señalamientos formulados por los promoventes y no implica que exista una resolución judicial o una determinación de responsabilidad contra las personas mencionadas.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia no había fijado una postura pública sobre las acusaciones al cierre de esta información, mientras la Fiscalía será la instancia encargada de determinar si existen elementos para dar seguimiento a las investigaciones.
