La prisión preventiva oficiosa es un atentado contra los derechos humanos y la presunción de inocencia. Si bien es una herencia del sistema penal inquisitorio (dirían López Obrador y sus aplaudidores que es un “legado de la era neoliberal”), también es cierto que el gobierno de la llamada 4T es partidario de mantener en la cárcel a decenas de miles de personas que no han sido sentenciadas. Eso quedó claro desde el primer año del sexenio, cuando la triplicó, y ahora que presiona a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sostengan esa figura como parte de las normas jurídicas del país.
La Constitución reconoce el derecho de toda persona que sea acusada de un delito a defenderse en juicio ante tribunales imparciales, con base en las leyes vigentes. Pero en 2008, cuando se hizo la reforma para implantar el nuevo sistema acusatorio, se mantuvo una restricción a este derecho y a la presunción de inocencia. En aquella ocasión, la reforma al artículo 19 constitucional contempló seis “delitos graves” que producen automáticamente el encarcelamiento de los acusados, antes de que se les demuestre culpabilidad alguna. En 2019, por iniciativa del Presidente y su partido, los “delitos graves” se triplicaron y desde entonces ya son 19 los tipos penales que producen la detención sin sentencia.
Basta que algún policía, el ministerio público o los fiscales acusen a alguien por uno de esos delitos, para que el acusado pierda su libertad. Esta regla es terreno fértil para el abuso de poder, la corrupción de los ministerios públicos y los juzgados, produce injusticias como la de personas estuvieron 17 años encarceladas sin sentencia (Caso García Rodríguez y otro, sometido a resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) y, contra lo que se arguye, no ha servido para erradicar la impunidad, bajar el nivel de violencia, de inseguridad, ni para contener los índices delictivos.
Ante la posibilidad de que la prisión preventiva oficiosa sea declarada inconstitucional por la SCJN (que resolverá juicios al respecto a partir del 5 de septiembre), el inquilino de Palacio Nacional la calificó como provechosa porque saca de circulación a los criminales, que de otra manera seguirían delinquiendo y dijo que se desperdiciaría el trabajo de la Guardia Nacional para detener a los malosos. Su Secretario de Gobernación lo secundó el 25 de agosto y llegó al extremo de afirmar que, si se anula la prisión preventiva oficiosa, “se acabaría con la estrategia de seguridad en el país”.
Las desbordadas cifras de la inseguridad pública desmienten las argucias de quienes defienden la prisión sin sentencia. Con todo y esa figura arbitraria, sigue desatada la ola de violencia e inseguridad, que incluye territorios bajo el control del crimen organizado y actos de terrorismo en importantes ciudades, así como la cifra de más de 130 mil homicidios dolosos acumulados durante este sexenio.
La prisión preventiva oficiosa no sirve para reducir la incidencia delictiva. Lo que sí se ha incrementado, en cambio, es el número de personas encarceladas y la sobrepoblación en los penales. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI (2021) indica que hay 211 mil personas presas en las cárceles federales y estatales del país (lo que representa un incremento del 6% respecto de la encuesta aplicada en 2015). De las personas encarceladas, 116 mil (el 55 %) están en prisión sin que pese sobre ellas una sentencia definitiva de culpabilidad. Se trata de 86 mil presos sin ninguna sentencia, más otros 30 mil que tienen una sentencia no definitiva, es decir, que su caso sigue ventilándose en los tribunales.
De acuerdo con los datos que arrojó la misma encuesta, levantada por el INEGI, el 69% de los encarcelados en prisión preventiva llevan más de un año presos y, al igual que los demás detenidos, los no sentenciados sufren la violencia y la extorsión desde el momento en que son apresados, cuando van a los juzgados y al interior de los centros de reclusión, además de que sufren todos los efectos negativos que el encarcelamiento conlleva en términos económicos, patrimoniales, familiares y sicológicos.
La prisión preventiva oficiosa no reduce el crimen. Incrementa el número de encarcelados, la corrupción en fiscalías y juzgados, así como la arbitrariedad de gobernantes abusivos quienes, para mantenerse en el poder, recurren a la fabricación de acusaciones contra sus opositores y contra quienes no ceden a su extorsión.
Cincelada: AMLO quiere quitar un 50% del dinero a los partidos (un ahorro de $3 mil millones). Se ahorraría el doble al cancelar nómina y gastos de los vividores de la nación ($6,100 millones).
Rafael Hernández Estrada
rafahdez@yahoo.com
Fundador y consejero nacional del PRD, fue su diputados federal y representante electoral. Se desempeña como asesor parlamentario y analista político.
