En México como en muchos otros países de America Latina el cobro de impuestos a servicios Over The Top (OTT) es un tema no resuelto. Compañías del ecosistema digital como Netflix, Airbnb, Google, Apple, Uber, Spotify, entre otras, no pagan impuestos al consumo como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o al ingreso como el Impuesto sobre la Renta (ISR) por lo que la competencia y la economía se han visto afectadas en la región.
Entendemos como Economía Digital al uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como el internet, redes de banda ancha, inteligencia artificial, Big Data, Redes Sociales, Cloud Computing y todas las herramientas tecnológicas que hoy son parte transversal de la economía, al ser parte intrínseca de los nuevos modelos de negocio y sus procesos.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) integra tres componentes principales para su definición: infraestructura de redes de banda ancha, industria de aplicaciones y los usuarios finales.[1]
Ante este y otros retos, recientemente se llevó a cabo la reunión de la CEPAL, quienes junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), se reunieron para crear acuerdos para impulsar, ampliar el espacio fiscal y potenciar la agenda 2030, para la cual se propusieron entre otras iniciativas, la adopción de impuestos en economía digital, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan el crecimiento económico de la región, con responsabilidad fiscal.
La economía digital ha crecido de forma casi exponencial en el mundo y seguirá creciendo muy dinámicamente. La región latinoamericana no ha sido la excepción. Por ello la creación de una política tributaria como herramienta para fortalecer la recaudación al gravar la economía digital es uno de los temas centrales para el desarrollo sostenido de los países de la región.
Si bien es sumamente relevante fomentar el crecimiento de la economía digital, lo cierto es que no se ha encontrado un modelo que permita la asequibilidad de bienes y servicios digitales en un ecosistema mundial en el que operadores digitales globales compitan con proveedores de servicios que están sujetos a obligaciones fiscales locales, creando condiciones desventajosas y de impacto económico negativo.
Y a pesar de que países como Brasil consideran que no debe crearse un ambiente regulatorio para la economía digital por su relacionamiento directo con la adopción de las TIC, lo cierto es que países como Colombia, Argentina y Uruguay ya están aplicando impuestos a los OTT, mientras que, en México, Paraguay, Chile, y Costa Rica ya lo están poniendo en sus agendas económicas y hacendarias.
Los sistemas tributarios creados para un mundo analógico se han ido rezagando a la constante evolución, cambios de modelo de negocio y generación de empresas que permite la digitalización de la economía que traen consigo efectos en la productividad, empleo y crecimiento de los países y que además repercute en la educación, la salud, trabajo entre otros aspectos de la sociedad.
Habrá que estar atentos a este tema que trae consigo cuestionamientos sobre cómo se debe asignar la base de tributación de las empresas globales, si bien tomar las que se tienen en los países en donde ofrecen sus servicios o bien las de su propia residencia que es donde crean su valor.
En fin, La tecnología nos seguirá retando día a día para transformarnos cada vez más a una sociedad con economía digital compartida y en donde las fronteras solo estén delimitadas por contraseñas. Pero con la conectividad, debemos también contar con una política fiscal digital, que la acompañe.
[1] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44516/1/S1900075_es.pdf