El Departamento de Estado de Estados Unidos considera que en México las militarizadas fuerzas de seguridad han cometidos abusos, que hay altos niveles de violencia debida a grupos delictivos aliados con algunos funcionarios, además de que la impunidad sigue siendo un problema. En materia de libertad de expresión, destaca la autocensura por las amenazas y ataques del crimen organizado y servidores públicos.
En su informe sobre derechos humanos en diversos países del mundo en 2022, el Departamento de Estado reportó diversos abusos e insuficiencias que ocurren en México, lo que deja un cuadro no positivo.
El gobierno norteamericano destacó la militarización de las labores de seguridad pública en México, en la que participan, especialmente en el combate a grupos criminales, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Al respecto, el informe señala que, aunque las autoridades mantuvieron control sobre las fuerzas de seguridad, hubo casos en los que algunos elementos actuaron por fuera del control civil, y señala: “Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos”.
El informe refiere que hay reportes creíbles sobre una larga lista de abusos, como homicidios cometidos arbitrariamente por la Policía, el Ejército y funcionarios, desaparición forzada por agentes del Estado, tortura y tratos crueles y degradantes por parte de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación, actos de corrupción y la investigación insuficiente de la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBT.
El Departamento de Estado también resaltó la violencia causada por bandas criminales, que contaron con la complicidad de algunos agentes del Estado mexicano.
Los grupos criminales, tanto nacionales como trasnacionales, especialmente los dedicados al narcotráfico, han perpetrado numerosos delitos violentos, como homicidio, tortura, secuestro, extorsión, desapariciones, trata de personas y el soborno, muchos de ellos cometidos en connivencia con funcionarios de distintos niveles y personal de seguridad, indica el informe.
En ese cuadro, “la impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción”, afirma el documento.
En uno de los temas importantes en materia de derechos humanos, la tortura, también hay impunidad, aunque se mantienen casi 4 mil investigaciones sobre ese delito.
Sobre la libertad de expresión, el informe indica que el gobierno respetó, en general, ese derecho. Sin embargo, establece que hubo medios que se autocensuraron por temor a represalias de funcionarios y grupos delictivos trasnacionales, además de que el presidente Andrés Manuel López Obrador desacreditó a periodistas al presentarlos como parciales y corruptos.
Al respecto, el informe del Departamento de Estado recuerda que el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó la suspensión de la sección “Quién es quién en las mentiras” de la conferencia de prensa presidencial.
“Los periodistas fueron asesinados o sometidos a ataques físicos y cibernéticos, hostigamiento e intimidación (especialmente por parte de agentes estatales y organizaciones criminales transnacionales) en respuesta a sus informes. Esto limitó la capacidad de los medios para investigar e informar, ya que muchos de los reporteros asesinados cubrían el crimen, la corrupción y la política local”, señala el Departamento de Estado.
También en este aspecto se enfatiza en la impunidad, la que ha llevado a los medios a la autocensura, lo que ha implicado una reducción de las libertades de expresión y de prensa.
De los datos sobre ataques a la prensa incluidos en el reporte, destaca que, en 2022, hasta septiembre 15 periodistas habían sido asesinados, mientras que entre enero y junio se habían registrado 331 ataques contra comunicadores.
“Los periodistas de medios digitales que cubrían historias como el crimen, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos sufrieron violencia física y abuso en línea. La discriminación, el acoso y las amenazas en línea fueron problemas particularmente para las mujeres periodistas y políticas, así como para cualquier persona u organización que defendiera los derechos de las mujeres”, dice el reporte.
Otra anotación respecto a la libertad de expresión es que sí ha habido censura de gobiernos estatales y locales a la prensa, además de que los periodistas han alterado su cobertura debido a las amenazas y ataques de delincuentes y funcionarios, así como a la falta de garantías por parte del gobierno.
Un aspecto señalado en el informe es que usuarios de Twitter hicieron amenazas contra periodistas que realizaron preguntas difíciles a funcionarios.
