Por Cristóbal León Campos
El transporte público en Yucatán está nuevamente en el ojo del huracán y en el debate político-económico debido a que el Gobierno del Estado ha dejado muy claro que el sistema “Va y Ven” no responde a las necesidades de movilidad del pueblo, abriendo la puerta para visibilizar con claridad que aquello que fuera presentado en su momento, por el exgobernador panista Mauricio Vila, como la solución a todos los problemas de movilidad y modernidad en el servicio en la capital, en las comunidades aledañas y algunos municipios del estado, resultó ser lo que ya se había denunciado desde su implementación: una estafa panista para el beneficio privado de sus impulsores.
La presión ejercida, en días pasados, por los concesionarios del transporte al Gobierno (los mismos de siempre, acostumbrados al chantaje), anunciando la reducción de unidades en servicio en días y horarios de mayor demanda de pasajeros, muestra el trasfondo económico del asunto y recordó cómo, durante décadas, el transporte se ha usado por los concesionarios y los gobiernos del PRI y el PAN como un arma política para lograr prebendas de poder y subsidios económicos que han beneficiado a los concesionarios, incrementando sus fortunas, sin tener un impacto real en mejoras para el pueblo, el cual no ha dejado de padecer por un sistema de transporte inviable, pues no se trata solo de la cantidad de unidades ni de su modernización o no, sino que se trata de la necesidades de un replanteamiento total del servicio, partiendo de las condiciones laborales de los choferes y demás trabajadores (quienes suelen ser culpados injustamente de los males en el servicio y son explotados por los empresarios), así como del replanteamiento de las rutas, los tiempos de traslado, la ubicación de los paraderos, la cobertura en colonias, comunidades y municipios marginados, y del costo del pasaje, siendo este último uno de los temas más urgentes, ya que el precio del pasaje de 12 pesos por viaje, es de los más caros en la República Mexicana, más si recordamos que Yucatán se encuentra en la zona del país con un menor salario mínimo, esto, junto al hecho de que la mayoría de los usuarios abordamos al menos dos veces (24 pesos), y algunos otros hasta 4 o más veces (48 pesos o más).
El Gobierno del Estado, a través de un comunicado firmado por el Gobernador, ha señalado públicamente que respeta el “derecho humano integral a la movilidad del pueblo de Yucatán, enarbolando firmemente los principios de igualdad, accesibilidad y sostenibilidad”, lo que resulta una gran diferencia en relación a los gobernantes anteriores; primero, porque se asume con claridad la responsabilidad del Estado en el servicio, cosa que tanto el PRI como el PAN rehuyeron siempre, pues solo contribuyeron a la privatización el servicio y abrieron la puerta a la monopolización del mismo; y segundo, el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado en el servicio genera que esa responsabilidad sea puesta en práctica con transparencia, mediante la intervención de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) en la restructuración de todo el servicio, lo que implica un debate público con especialistas con compromiso social, que contribuyan a generar un proyecto que contemple todos los rubros ya mencionados y muchos más, pues el transporte público es un derecho del pueblo que debe ser reconquistado y que debe ser respetado a cabalidad.
En este contexto, es muy importante hacer notar la actitud del panismo yucateco, pues ante la salida a la luz pública de la información que deja en claro que el sistema “Va y Ven” en la actualidad no responde como debiera al pueblo, las declaraciones de sus dirigentes han sido de agresión y mentira, como ejemplo podemos citar al presidente estatal del PAN, Álvaro Cetina Puerto, quien, entre otras cosas, ha dicho que: “No vamos a permitir que regresen las unidades oxidadas, sin frenos, que se incendiaban y que no estaban pensadas para todas y todos”. Primero, el Gobierno del Estado en ningún momento ha señalado que el sistema “Va y Ven” desaparece o no, se ha dicho que requiere estudios y una reestructuración, pero no su desaparición. Segundo, podemos preguntarnos, ¿por qué el dirigente panista recurre al miedo y a la mentira al decir que regresarán las unidades viejas y dañas?, aunque la respuesta es fácil; la carencia de argumentos lleva al PAN a usar sus estrategias de desestabilización social, buscando generar miedo e incertidumbre en la población, algo común en la derecha, y esto se observa en medios digitales y redes sociales panistas que están difundiendo información falsa. Tercero, durante décadas el transporte público a necesitado una reestructuración, y en esas décadas anteriores quien gobernó fue el PRI y el PAN, pero especialmente el PAN, ya que muchos años el transporte estaba regulado por el Ayuntamiento de Mérida (hablando de la capital), y era el Cabildo meridano quien autorizaba los aumentos en el precio del pasaje y la cantidad de subsidio otorgado a los concesionarios, ante lo que no debemos olvidar que las protestas contra el alza en el precio del transporte (de estudiantes y trabajadores) eran reprimidas y criminalizadas, siendo perseguidos y vigilados muchos de los activistas, además, es necesario cuestionar ¿adonde se fue el subsidio otorgado a los concesionarios si durante décadas las unidades “unidades oxidadas, sin frenos, que se incendiaban”, que tanto preocupan el dirigente panista eran las que circulaban a plena luz del día y con total autorización del Ayuntamiento y de los gobiernos prianistas?, creo es justo una revisión de esos subsidios, los montos y su utilización, pues para el mejoramiento del servicio no fue, ni para incrementar los salarios de los choferes y trabajadores que siempre han trabajado en precariedad, siendo esto también una grave violación a los derechos laborales del gremio.
El transporte público es un tema de interés para toda la sociedad, los recursos destinados, los costos de los pasajes, el subsidio a los concesionarios, las condiciones laborales y más, repercuten directamente con la calidad de vida del pueblo yucateco, por eso creo que este servicio debe pasar a manos del Estado, es decir, ya no debe ser concesionado, sino que una inversión en adquisición de unidades, en contratación de personal, en construcción de paraderos dignos, en reingeniería de rutas y horarios, produciría un ahorro a mediano y largo plazo para el Estado y el pueblo, propiciando así que su reglamentación, vigilancia y rendición de cuantas esté planteada con claridad y transparencia, superando de esta forma los monopolios, el chantaje y enriquecimiento de los concesionarios y la utilización política de un tema tan relevante como lo han hecho el PRI y el PAN durante décadas. Ahora, se tiene una oportunidad histórica, transformemos al transporte público en un servicio del pueblo, “para el bien de todas y todos”.
