Por el contrabando de combustibles –sobre todo diésel–, cometido principalmente por empresas para abastecerse, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deja de recaudar por lo menos 3 mil millones de pesos mensuales, según datos oficiales y estimaciones de Andrés Gutiérrez Torres, director general del laboratorio de calidad de petrolíferos CIEFSA.
De acuerdo con el especialista, el llamado huachicol fiscal (combustibles introducidos al país sin pagar los impuestos correspondientes), se comercializa en puntos clandestinos o lo consumen empresas que cuentan con flotillas de vehículos.
El ex presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES) explicó a La Jornada que cuando los contrabandistas pasan por las aduanas utilizan una fracción arancelaria diferente a las de la gasolina o el diésel, por lo que no pagan impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) ni otros tributos.
Es muy complicado que el combustible llegue a una estación de servicio porque las gasolineras tienen muchos mecanismos de seguridad, dijo. Una de ellos son los controles volumétricos (registros de entrada, salida y existencia de hidrocarburos en las gasolineras), lo cual implica emisión de facturas y registros vinculados a los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI). Es difícil que llegue, pero no imposible, apuntó Gutiérrez Torres.
Comercio ilegal supera a estaciones de servicio
Mencionó que es más fácil que estos productos de contrabando se usen para autoconsumo o que lleguen a estaciones para uso propio de cuenta. Si una empresa transportista, una línea de camiones, un rancho o una empresa que tenga una flotilla considerable instala en sus patios o en algún otro lugar un tanque con un dispensador de gasolina, se surte a sí misma, aunque no cumpla con las especificaciones de seguridad.
Comentó que estos puntos de abastecimiento no suelen tener permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Anotó que quienes importan estos combustibles buscan a empresas interesadas para venderles el producto, pues es 6 o 7 pesos más barato que en gasolineras. Es mucho más atractivo que justificar el IVA (impuesto al valor agregado), que es de 16 por ciento, dijo.
Ellos son los que compran ese producto que está entrando por la frontera y no está pagando impuesto. Mencionó que se estima que existen alrededor de 20 mil puntos de autoconsumo en el país, dato mayor a las 13 mil 786 gasolineras hasta el 31 de diciembre de 2024. Acotó que la CRE sólo ha otorgado cerca de 350 permisos para autoconsumo, pero la gran mayoría están en el anonimato.
Subrayó que mensualmente son alrededor de 3 mil millones de pesos que se están evadiendo al fisco sólo por esta práctica ilegal.
No obstante, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía (Sener) en 2021 el mercado ilegal de combustibles ascendió a 47 millones de barriles y la pérdida para el fisco fue de 64 mil millones de pesos.
Boquete en aduanas
En un decreto emitido en el sexenio anterior, la Sener buscó detener esta práctica, pues identificó que la importación era perpetrada por privados. Una vez que se importa una mercancía de menor costo en relación con un petrolífero terminado (gasolina o diésel que sí cumplen con la normativa) se procede a su mezclado en instalaciones de trasvase, intermodales, de almacenamiento, de distribución, de expendio al público y de autoconsumo.
Indicó que el decreto por el que se establecen medidas para el combate al mercado ilícito de combustibles, relacionadas con la importación de mercancías reguladas por la Sener, publicado en octubre de 2023, sólo impidió importar aceites minerales.
No obstante, en la práctica, en aduanas sólo se inspecciona una mínima parte de lo que se importa. Comentó que cuando se analizan los líquidos que ingresan, se envían a un laboratorio en la Ciudad de México para determinar qué son. Cuando se encuentra que no es el combustible declarado, sólo se pide al importador que pague lo que corresponde.