Desde hace dos sexenios en la Ciudad de México y en la Zona Metropolitana se agrava la desaparición de personas, en su mayoría jóvenes. Casi la mitad son mujeres.
Las sucesivas administraciones han quedado rebasadas frente a familias de víctimas que aleccionan a los funcionarios en las búsquedas y mantienen la exigencia de que el Estado mexicano responda a lo que algunos especialistas identifican como un “talón de Aquiles” de la megalópolis.
Una investigación , que incluyó la identificación de zonas de inhumación clandestina, identificó una variedad de causas de un problema que no deja de crecer: trata, adopciones ilegales, feminicidios, homicidios, violencia de género y familiar, discriminación, riñas callejeras, secuestro, extorsión, tala clandestina, narcomenudeo, reclutamiento forzado y disputas entre grupos del crimen organizado.
Estas expresiones de inseguridad se han convertido en una constante pese a que la región metropolitana es la más videovigilada del país, con más de 83 mil policías en las calles, y es considerada bastión de los derechos humanos y las libertades en México, pero cuyos gobiernos están desarticulados ante el problema.
De acuerdo con investigadores consultados y el Registro de Personas Desaparecidas, sólo en la CDMX hay más de seis mil 100 personas que no han vuelto a sus hogares, equivalente a un Auditorio Nacional al 60% de su capacidad. El origen de los reportes de desaparición se concentra en las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. A ese total se le podría sumar la “cifra negra” de casos no denunciados por miedo, desconocimiento o desconfianza en las autoridades.
En ese registro aproximado existen casos menos desafortunados, cuando los cuerpos son encontrados, aunque no en la CDMX, donde fueron vistos por última vez con vida; sino en parajes boscosos o en las orillas de carreteras de municipios limítrofes del Estado de México, Morelos e Hidalgo, lo que hace de este fenómeno social un asunto metropolitano.
Peor aún, exfuncionarios y familias denuncian poca o nula coordinación y voluntad política entre las comisiones de búsqueda y las fiscalías estatales para registrar, investigar y encontrar a los desaparecidos. También exponen falta de recursos económicos y humanos expertos para hacer búsquedas.
El panorama empeora cuando se habla de una “tendencia” en la capital: los agresores entierran los cuerpos de sus víctimas en los jardines o patios de la casa de éstas, conducta que vuelve casi imposible buscarlas y encontrarlas.
“Es algo muy particular de la Zona Metropolitana del Valle de México. Hemos documentado muchos hallazgos de fosas vinculados a feminicidios y a disputas familiares, donde no es una persona de un grupo del crimen organizado, sino son familias, el tío, el sobrino, la mamá, el papá que asesinan a un ser querido y lo entierran en los mismos jardines de sus casas”, dice Andrea Horcasitas Martínez, encargada del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (UIA).
Estos casos se quedan “a puerta cerrada” y sólo son descubiertos cuando la persona agresora “se arrepiente” y confiesa el crimen o cuando la familia de la víctima pide a la autoridad buscar en ese lugar y el Ministerio Público obtiene una orden de cateo de un juez para entrar.
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Fragmento del reportaje publicado en la edición 0023 de la revista Proceso,
