México ya prepara los membretes de la nueva Fiscalía General de la República (FGR). La Cámara de Diputados ha aprobado este martes la creación del organismo que sustituirá a la antigua Procuraduría General de la República (PGR), que dependía de la presidencia. Sin embargo, la ley, impulsada por la mayoría parlamentaria de Morena, el partido en el poder, no contempla cambios constitucionales para limitar la influencia del Ejecutivo en la designación y remoción del próximo titular de la FGR. La nueva normativa ha desatado críticas de la oposición y de Fiscalía que sirva, una coalición de 300 organizaciones que aboga desde hace dos años por un modelo de procuración de justicia que combata la crisis de impunidad que azota al país.
La aprobación de la ley orgánica, que ya pasó por el Senado a mediados de noviembre, destraba los escollos formales que impedían la puesta en marcha de la nueva fiscalía y era una tarea que había quedado pendiente desde que se aprobó un paquete de reformas políticas en 2014. La creación de la FGR permite que entre en la discusión de los presupuestos para 2019, prevista para finales de esta semana en el Congreso, y da visos de su nueva estructura con cuatro fiscalías especializadas: derechos humanos, delitos electorales, combate a la corrupción y asuntos internos. El nombramiento del próximo fiscal se perfila para inicios del próximo año.
Desde octubre del año pasado, México no tiene a nadie a la cabeza de su órgano principal de procuración de justicia, dejando una vacante marcada por los interinatos y los encargados de despacho. Hay que remontarse, incluso, al periodo entre 1982 y 1988 para encontrar un procurador que permaneciera seis años en el cargo, lo que dura un Gobierno. A partir de que se declare la creación de la FGR y ante la ausencia del titular, el Senado tendrá 20 días para mandar al presidente una lista de 10 candidatos validados por dos tercios de la Cámara alta. Andrés Manuel López Obrador escogerá una terna de esa selección, que será votada de vuelta por los senadores.
La nueva ley surgió a partir de una serie de mesas de trabajo entre los legisladores de Morena, académicos y los colectivos Vamos por más y Fiscalía que sirva. La condición del nuevo Gobierno era impulsar una iniciativa que fuera lo más completa posible sin la necesidad de nuevas reformas constitucionales en seguridad y justicia, por lo que quedaron fuera, al menos de forma transitoria, puntos clave para garantizar la autonomía de la fiscalía. El compromiso era dar celeridad a la creación del organismo para que después el nuevo fiscal propusiera los cambios necesarios para una reforma integral. Lo que molestó a las organizaciones fue el anuncio de la creación de la Guardia Nacional, que requiere precisamente de una reforma constitucional y contradice, en su opinión, el pacto de no tocar la Constitución.
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