La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal calificó como un retroceso que el Censo de Población y Vivienda 2020 no cuente con preguntas sobre discapacidad, por lo que instó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a incluirlas en su cuestionario básico, dirigido a toda la gente.
Dicho documento, que se aplica a toda la población del país, identificaría el número de personas con discapacidad y permitiría su participación en la construcción de las preguntas del cuestionario ampliado junto con organizaciones de la sociedad civil y la academia. Con estas preguntas se ubicarían las barreras a las que se enfrenta esta población en el ejercicio de sus derechos humanos y visibilizaría la situación de las mujeres y niñas con discapacidad.
El INEGI reconoció que las preguntas sobre discapacidad quedarían incluidas sólo en un muestreo de 800 municipios, en lugar del censo nacional que se hace casa por casa, como hizo en los años 2000 y 2010.
La posición del Instituto es contraria a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece en su artículo 31 la obligación de los Estados de recopilar datos estadísticos y de investigación que permitan formular y aplicar políticas.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señaló en 2014 a México la necesidad de recopilar, sistematizar, analizar y difundir información estadística sobre las personas con discapacidad, por zonas urbanas y rurales, y estados y comunidades indígenas.
En los censos de los años 2000 y 2010 se hizo un conteo sobre esta población, el tipo de discapacidad que presentan y una proyección sobre las causas que la originan. Las preguntas fueron aplicadas tanto en los cuestionarios básicos -dirigidos a toda la población-, como los ampliados -sólo a una muestra representativa-, lo que permitió contar con información estadística mínima para hacer un mapeo general sobre la discapacidad en México.
Sin embargo en el próximo Censo no están consideradas preguntas al respecto en el cuestionario básico, lo cual implica un retroceso en la recopilación precisa de datos. Por ello, el Comité insiste a incluirlas para identificar el número de personas con discapacidad en nuestro país, ubicar las barreras a las que se enfrentan en el ejercicio de sus derechos humanos e incorporar la perspectiva de género.
La Jornada
