“Desmontar la idea de que solo las Fuerzas Armadas nos pueden dar seguridad pública” es el llamado de atención más importante que deja la revisión histórica de los abusos cometidos durante el periodo conocido como “la Guerra sucia”, advirtió el luchador social Félix Hernández Gamundi, durante la presentación del informe “Verdades Innegables. Por un México sin impunidad”, coordinado por la historiadora Eugenia Allier Montaño.
El dirigente del Comité 68 destacó que quienes dieron su testimonio al equipo de Allier Montaño, una de los cuatro comisionados que integraron la Comisión para la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos cometidos entre 1965 y1990, saben que “la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles significa sangre y riesgo de perder las libertades democráticas y las libertades más elementales»
El luchador social reconoció el arduo trabajo realizado por el equipo de Allier Montaño, focalizado en las violaciones a derechos humanos cometidos en contra movimientos sociales, políticos, estudiantiles, sindicales y guerrilleros, cuyos integrantes fueron víctimas de represión y abusos, como parte de una estrategia contrainsurgente.
Sin embargo, advirtió que una parte “importante” del informe del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) es que “se basa en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de las Fuerzas Armadas, lo cual debería ser un punto de partida para desmontar la idea que solamente las Fuerzas Armadas nos pueden dar seguridad pública”.
A casi un mes de que se modificara la Constitución para mantener a las fuerzas castrenses al frente de las seguridad pública someter a la Guardia Nacional al control de la Sedena, Hernández Gamundi, uno de los dirigentes que han litigado en contra del expresidente Luis Echeverría y de otros exaltos funcionarios responsables de la matanza del 2 de octubre de 1968, insistió en que la revisión histórica del periodo conocido como la “Guerra sucia”, a través del informe de “Verdades Innegables”, como el de “Fue el Estado”, a cargo de otros tres comisionados, debe servir para “desmontar esa lógica y esas estrategias de seguridad publica basadas en Fuerzas Armadas que están preparadas para otra cosa no para eso”.
Al destacar que los informes deberían ser tomados como “un punto de partida” que deben conducir a cinco postulados básicos, “verdad, justicia, reparación integral de daño, que es responsabilidad el Estado, construir y reconstruir el valor de la memoria, para llegar a la garantía de no repetición, si no las conseguimos, la idea de la no repetición es una buena voluntad que aplaudir, pero no es más que eso, voluntad”.
En el proceso de justicia, el dirigente social exigió a la Fiscalía General de la República (FGR), afinar sus investigaciones sobre atrocidades ocurridas durante la “guerra sucia”, exigir la entrega de archivo militares y que en el caso de la matanza del 68 existen más de 50 indagatorias que ya pueden ser puestas a consideración de un juez.
El defensor insistió en que el proceso de persecución política, la represión no puede considerarse abolida, sino que “la represión persiste, aún no ha terminado ese periodo difícil”, y que prueba de ello son la larga lista de casos graves de años recientes, por lo menos desde la masacre de Acteal a lo ocurrido en Iguala con los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
El informe “Verdades Innegables” documenta mil 103 casos de desapariciones forzadas y logra identificar la responsabilidad 2 mil 200 funcionarios como responsables de los crímenes de lesa humanidad.
La investigación recurrió a 227 testimonios de sobrevivientes e integrantes de colectivos de familiares de víctimas, así como a 27 archivos públicos y 14 personales, todos integrados en cuatro tomos, 14 capítulos, distribuidos en 2 mil 020 páginas.
Durante la presentación del informe, el único reconocido ampliamente por la Secretaría de Gobernación (Segob), contrario a lo que ocurre con el documento “Fue el Estado”, que elaboraron los comisionados Abel Barrera, David Fernández y Carlos Pérez Ricart, la investigadora de Artículo 19, María De Vecchi también cuestionó la militarización del país.
Tras destacar que los dos informes, “llegan 50 años tarde” para cientos de víctimas y sus familiares que siguen esperando verdad, justicia, reparación integral, medidas de no repetición y memoria, De Vecchi hizo una “reflexión profunda sobre la estrategia de seguridad, ¿cómo planteamos la no repetición en un país con una creciente militarización? El actor clave es la Sedena, pero ¿cómo hablar de no repetición con ese grado de poder que tiene el Ejército mexicano, como institución que ha violado y sigue violando derechos humanos en el país?”.
La investigadora de la organización que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, recomendó a la Secretaría de Gobernación, divulgar el contenido de los dos informes, “Fue el Estado” y “Verdades Innegables”, a través de campañas de difusión, así como en espacios públicos como escuelas, incluirlos en libros de texto, entre otros mecanismos.
Asimismo, De Vecchi consideró que la Secretaría de Gobernación en este nuevo gobierno, debería continuar impulsando la búsqueda de las personas desaparecidas de esa época, continuar con la legislación de una ley de memoria, preservar los antimonumentos de la sociedad civil y seguir alimentando los procesos de justicia”, para lo que los informes del MEH son fundamentales.
Durante la presentación el representante adjunto de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jesús Peña Palacios, hizo un reconocimiento a las personas sobrevivientes y a los familiares de víctimas de las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano durante el periodo conocido como “guerra sucia”, como quienes alentaron la creación de la Covehj y que son el centro de los informes, Fue el Estado y Verdades Innegables, alimentados por sus testimonios.
Para el representante diplomático “sólo la unión de voluntades y la alineación de propósitos hará posible transformar los largamente postergados y aún insatisfechos reclamos de justicia, verdad, búsqueda efectiva, memoria, reparación integral y garantía de no repetición”.
Recordó que “esas aspiraciones no son meros deseos, sino derechos humanos que se encuentran plasmados en las obligaciones jurídicas contenidas en tratados internacionales y otras fuentes de derecho internacional vinculante”.
Peña Palacios reconoció que, en la elaboración de ambos informes, hubo dificultades, sobre todo, “para lograr la colaboración de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad e inteligencias, así como las barreras que aún impiden que los responsables enfrenten a la justicia y contribuyan a la búsqueda de la verdad”.
Al destacar que también hubo dificultades internas, entre los grupos de investigación, lo cierto es que “nos encontramos ante una oportunidad histórica para fortalecer la memoria colectiva y garantizar un futuro en el que la justicia y la verdad sean pilares del Estado, recordando que la memoria no es solo un acto de recordar, sino un acto de transformación en la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas”.
La coordinadora del informe, la historiadora Eugenia Allier, agradeció la participación de quienes compartieron sus testimonios en este nuevo ejercicio de búsqueda de verdad, sobre hechos ocurridos en la época conocida como “guerra sucia”,
Reconoció que hubo diferencias al interior del MEH, sobre la definición de víctimas que tendrían que ser objeto de la investigación de la Comisión, situación que, dijo, ha sido natural en varias de las comisiones de la verdad creadas en América Latina.
Destacó que “Verdades Innegables” documenta casos de violaciones graves a derechos humanos cometidos durante un periodo controlado por “el modelo dominante que se imponía a través de todos los medios”, y que actúo de manera violenta contra cualquier expresión de “cambio en el país”.
Allier destacó que al igual que otros informes de comisiones de la verdad, durante el periodo de estudio de la Comisión, 1965 a 1990, a través de los testimonios y los documentos revisados, se pudo determinar cómo el “Estado ejercía una violencia planificada y sistemática que violaba derechos humanos”, registrándose casos de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, entre otras atrocidades.
Tras reconocer que durante los primeros meses de la instalación del MEH uno de los debates que se dio tuvo que ver con la intención de “desguerrillerizar” o bien “despolitizar” el pasado, Allier Montaño sostuvo que ella y su equipo de trabajo defendieron la visión de que durante el periodo de análisis ocurrió una “violencia política en contra de luchadores sociales, negada y opacada por medios de comunicación, con sus honrosas excepciones”.
La investigadora reconoció “las décadas de lucha” emprendida por familiares de víctimas y sobrevivientes de esos años oscuros, y puso a disposición el documento del MEH.
“Pese a las décadas de lucha, no se han deslegitimado sus justas demandas, por eso es fundamental mantenernos firmes en el reconocimiento de integrantes de los colectivos que buscan ahondar en los caminos de justicia, tan necesarios para el país”, dijo Eugenia Allier, al llamar a honrar a las madres que murieron sin ver a sus hijos desaparecidos o de aquellas víctimas que perdieron la vida sin ver la justicia anhelada.
En representación del subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, el responsable de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Froylán Enciso, celebró la presentación del documento, por haberse a pegado a lo que consideró eran los límites impuestos por el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el esclarecimiento del periodo conocido como “Guerra sucia”.
