Al conceder una suspensión para la entrada en vigor de la primera parte del Plan B, la Suprema Corte de Justicia indicó que esta reforma legal no regirá para las próximas elecciones en Coahuila y Estado de México.
Este martes, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite siete acciones de inconstitucionalidad interpuestas por partidos y legisladores de oposición.
Las partes impugnadoras solicitaron una suspensión de la aplicación de la reforma para los procesos electorales de este año.
Al dar trámite a las acciones de inconstitucionalidad, el ministro concedió la medida cautelar “para el efecto de que el Decreto combatido no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo, esto es, los correspondientes al Estado de México y Coahuila, pues de no concederse podrían causarse afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste”, consideró.
Cabe señalar que esta suspensión no implica que el llamado Plan B esté siendo revocado, ya que falta que se analice el fondo del asunto, pero, en tanto se resuelve, las reformas no podrán aplicarse para las próximas elecciones de gubernatura en Estado de México y Coahuila.
“La medida suspensional concedida surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la mencionada Ley Reglamentaria”.
Así, entre otros efectos queda suspendida la modificación del concepto de propaganda gubernamental que permitía que los servidores públicos en uso de su “libertad de expresión” expresaran sus preferencias políticas en redes sociales y medios de comunicación sin que se considerase una violación a la veda electoral.
El ministro Pérez Dayán quedó encargado de revisar los primeros 25 recursos de inconstitucionalidad presentados en contra de la reforma.
Hasta 19 de febrero, la SCJN había recibido 47 acciones de inconstitucionalidad y 31 controversias constitucionales contra el Plan B, que de ponerse en operación desmantelaría la estructura organizativa del INE.
Con información de Proceso.
