La Alampyme, que integra a más de 16 mil micro y pequeños empresarios del país, aseguró que el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios representan a las 100 familias más ricas de México que por sexenios se han beneficiado con concesiones otorgados por autoridades corruptas, por eso tienen temor de un cambio de gobierno
Por Guadalupe Fuentes López para SinEmbargo
Ciudad de México.– El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) representan sólo a las 100 familias más ricas de México que por sexenios se han beneficiado con concesiones otorgadas por autoridades corruptas, por eso tienen temor de un cambio de gobierno, aseguró la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme).
La Alampyme, que integra a más de 16 mil micro y pequeños empresarios del país, opinó que el desplegado del CMN no representa la postura de todos los empresarios mexicanos y aclaró el 97 por ciento de la planta productiva nacional la conforman las pequeñas y no los grandes empresas.
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“Los 4 millones de micro y pequeñas empresas representan el 97 por ciento de la planta productiva nacional, es decir, son las que generan el 70 por ciento de los puestos de trabajo”, dijo a SinEmbargo Alejandro Salcedo, presidente de Alampyme.
Hace unos días, el Consejo Mexicano de Negocios publicó un desplegado en la prensa nacional en el que rechazó las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición ‘”Juntos Haremos Historia”, quien aseguró que un grupo de empresarios se reunió con Ricardo Anaya y acordaron pedirle al Presidente Enrique Peña Nieto apoyar al panista para ganarle la contienda electoral.
Sobre el desplegado que fue titulado “Así no”, el candidato dijo en entrevista con Televisa que un puñado de empresarios se ha beneficiado al amparo del poder público y a costa del sufrimiento de los mexicanos.
De acuerdo con la Alampyme, los grandes empresarios agrupados en el CCE y el CMN representan a las 100 familias más ricas del país que se han beneficiado con contratos del Gobierno, los cuales no están al alcance de los micro, pequeños y medianos empresarios.
“Hay que revisar nada más las redes de operación de los programas públicos, donde todas las reglas de operación fueron amañadas y con candados para que solamente la gran empresa pudiera tener acceso”, aseguró Alejandro Salcedo.
Explicó que desde el 2014 la Alampyme le solicitó al Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) información sobre el número de pequeñas y medianas empresas beneficiadas por los apoyos del programa dirigido a este sector, pero hasta la fecha no les han otorgado esos datos.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, en México hay más de 4.2 millones de microempresas que aportan 41.8 por ciento del empleo total. Las pequeñas suman 174 mil 800 y representan 15.3 por ciento de empleabilidad; por su parte, las medianas llegan a 34 mil 960 y generan 15.9 por ciento del empleo.
A pesar de que las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 73 por ciento de los empleos del país, este sector no puede acceder a los contratos otorgados por el Gobierno debido a los requisitos que tienen que presentar y que sólo los grandes conglomerados del país cumplen.
“La micro, pequeña y mediana empresa carece de muchos conceptos de los que son evaluados para tener acceso a los programas que están, por ley, etiquetados para el desarrollo del sector empresarial”, explicó el presidente de Alampyme.
La Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios calcula que durante este sexenio se han cerrado más de 350 mil micro y pequeñas empresas por falta de créditos, de apoyos de programas públicos, por la sobrerregulación que existe en la apertura de negocios y por el tema de la inseguridad con el cobro y derecho de piso.
“Creemos que en este sexenio la micro, pequeña y mediana empresa está en decadencia y sólo se benefició este grupo de grandes empresarios. Necesitamos que la derrama económica en infraestructura pueda llegar los micro y pequeños empresarios”, sostuvo Alejandro Salcedo.
Los empresarios mexicanos han entrado de lleno en la campaña presidencial por las supuestas presiones para que los candidatos se unan contra el favorito en las encuestas, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Las afirmaciones de una alianza en contra del puntero para favorecer al panista Ricardo Anaya han sido negadas por diversas cúpulas empresariales como por el CCE y el CMN.
López Obrador dijo el pasado lunes que los empresarios Alberto Baillères González, Germán Larrea, Claudio X. González, Alejandro Ramírez y Eduardo Tricio se reunieron con Ricardo Anaya y acordaron pedirle al Presidente Enrique Peña Nieto apoyar al panista.
Claudio X. González es presidente del Consejo de Administración de Kimberly-Clark; Alberto Baillères es dueño del Grupo Bal, que engloba a empresas como El Palacio de Hierro; Alejandro Ramírez es director general de Cinépolis; Germán Larrea es el director general y principal accionista de la empresa minera Grupo México y Eduardo Tricio es el presidente del Consejo de Administración de Grupo LALA y el vicepresidente del Consejo Mexicano de Negocios.
El Consejo Mexicano de Negocios publicó ayer un desplegado condenando las declaraciones de López Obrador: “Condenamos que un candidato a la Presidencia de la República recurra a ataques personales y a descalificaciones infundadas. Es preocupante que alguien que aspira a ser presidente de México denoste a quienes no comparten sus ideas”.
Las empresas que conforman esa organización reiteraron su apertura a dialogar con todas las fuerzas políticas para buscar soluciones a los problemas que enfrenta el país. “Exigimos respeto. No es denigrando ni calumniando como se establece y fortalece una relación constructiva y de confianza con el sector productivo y empresarial de México”, indicaron.
Andrés Manuel López Obrador, abanderado de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), dijo que respetaba el desplegado, pero insistió en que algunos de los que avalaron ese documento han impedido que haya democracia en el país y tienen preferencia por otros candidatos.
“Algunos de los que avalan ese documento han impedido que haya democracia en el país. El fraude electoral, lo hicieron el 2006. En ese año por lo menos firmaban los mensajes, ahora sólo es guerra sucia. Están financiado para hacer documentales”, dijo durante una reunión en la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) en la Ciudad de México.
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