La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el acuerdo de mayo de 2020 con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso la utilización de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública.
En su sesión de este martes, la ministra ponente, Margarita Ríos-Farjat (impulsada por López Obrador al cargo), consideró en su proyecto que el acuerdo mencionado debería ser validado debido a que cumplía con los establecido en el artículo Quinto Transitorio del decreto que dio origen a la Guardia Nacional.
Así, con el voto a favor de ocho ministros, el proyecto fue validado.
El Pleno de la SCJN validó la militarización sustentado en dos consideraciones: el acuerdo presidencial publicado el 11 de mayo de 2020 no violó el principio de división de poderes en relación con el principio de reserva de ley debido a que el artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, del 26 de marzo de 2019, dio al presidente la facultad excepcional para disponer de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, lo que no está supeditado al Congreso.
Así, la intervención de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública no es una decisión unilateral, sino que emana de la Constitución.
La segunda consideración del Pleno de la SCJN es que el acuerdo está fundado y motivado, por lo que cumple con el Quinto Transitorio al disponer que la intervención de los militares sería por cinco años y que sería extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, además de que cumple con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los ministros que se manifestaron contra la aprobación de la militarización fueron Luis María Aguilar y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Este consideró que el acuerdo presidencial es deficiente en tanto no fueron acotadas las facultades de las fuerzas armadas ni tampoco fue limitada territorialmente la participación militar en la seguridad pública.
Por su parte, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, consideró que “el hecho de que esta Suprema Corte valide la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, hasta en tanto otras instituciones de carácter civil, como la Guardia Nacional, concluyen su integración y adiestramiento, de ninguna manera significa que este tribunal esté autorizando la militarización de la Seguridad Pública”.
