Este 15 de junio, se han cumplido seis años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera jurisprudencia en relación a la constitucionalidad de la figura del matrimonio civil aplicada a parejas del mismo sexo; este acuerdo del máximo tribunal de la nación tiene, per se, la categoría de mandato constitucional, y dicho mandato ha puesto al margen del orden constitucional a todas las constituciones y leyes de los estados que se opongan a este criterio, o que, en cuyos textos, este vigente un mandato en contrario a éste.
A pesar de existir en nuestro país el principio de jerarquía de leyes, hasta este momento, en trece entidades de la república subsisten leyes que son contrarias al espíritu de esta jurisprudencia, y por tanto son anticonstitucionales. Este asunto se actualiza porque, este mismo 15 de junio, el Congreso del Estado de Sinaloa, ha aprobado, en acato a la sentencia de un Tribunal Colegiado, ajustar la ley correspondiente en esa entidad, y establecer legalmente el matrimonio igualitario en ella. Esta sentencia, es el producto de una acción legal emprendida en Sinaloa por la comunidad defensora de esta causa, la cual ha surtido efecto por la evidente procedencia de la materia de la Litis que la parte quejosa presentó como argumento.
Estas circunstancias expuestas, nos traen a colación la triste actuación del Poder Legislativo del Estado de Yucatán en esta materia. Como es muy evidente, la Constitución Política del Estado de Yucatán y la triste Ley de la Familia del Estado de Yucatán, están entre los mandatos que se encuentran al margen de la Constitución General de la República, y como agravante, hay una acción de inconstitucionalidad promovida por un colectivo yucateco ante la Suprema Corte de la Nación, y cuya resolución está pendiente en la Sala Primera del máximo tribunal de la nación.
Existen varios supuestos que resulta muy interesante analizar, y hasta se puede plantear varias situaciones posibles. La primera y más deseable sería que, en un arranque de racionalidad, la actual legislatura, cuyo tiempo de vigencia agoniza, convocara a un período extraordinario de sesiones, y en éste, retomara el asunto, aplicara un criterio justo y objetivo, y pusiera nuestras leyes dentro del orden constitucional. O bien, puede optar por esperar tranquilamente que su vigencia legal se extinga y pasar a la historia como una legislatura anti Derechos Humanos, y con sus dos históricas y vergonzosas sesiones, con votación secreta y rezadoras en la sala. Y por ende, dejar el paquete a la legislatura que está muy próxima a entrar en funciones.
Como lo más probable es que ocurra el segundo supuesto, pues ya será materia de la nueva legislatura, cuál será su postura ante este caso evidente de que, las leyes de Yucatán, están fuera del orden constitucional. Dada su extracción mayoritariamente panista, alcanzamos a suponer que no tendrán la menor intención de enmendar el camino, sino totalmente lo contrario, y seguramente prepararán largos discursos con argumentos plenamente fundados, en su visión religiosa, pues nadie ha esgrimido en contra de esta situación un solo argumento que no se base en prejuicios religiosos, así se les trate de presentar con la mayor objetividad y raciocinio imaginables. Pero hay que advertir a la nueva legislatura de lo sucedido en Sinaloa, hay que tener presente que hay un fallo pendiente por parte de la primera sala de la SCJN, y si éste es en contra, aún puede pasar la causa al pleno de la misma, y por ahí ya sabemos por dónde sopla el aire, y se espera de ahí una resolución positiva y, lo más importante, inapelable. Nos preguntamos ¿Será necesarios llegar a estos niveles? ¿Tendrá que venir una sentencia inatacable del máximo tribunal de la nación, para abordar el marco de la constitucionalidad? ¿No es más ágil y hasta plausible que esta Soberanía, per se, corrija el error que persiste?
Si a materia de principios y procedimientos legales nos remitimos, el aprobar el matrimonio igualitario no causa agravio a nadie, si la acción de la legislatura de nuestro estado fuera recurrida ante tribunales por los grupos más reaccionarios, por aprobar esta figura del Derecho Civil, ninguna acción procedería en contra de este acto, pues todo juzgador, antes de entrar en materia de Litis, y mucho más, de tomar una resolución, tiene que hallar fundamentados los agravios hechos en contra de quien presenta el recurso, y éstos, no existen en este caso. Muy diferente fuera el planteamiento de sustituir la figura del matrimonio heterosexual por la de la figura del matrimonio igualitario, pero nunca se ha tenido esa pretensión. Se trata de establecer los mismos derechos para todos los ciudadanos sin excepción, y en esto, no hay injusticia posible, al contrario, es la forma más objetiva de impartir justicia para todos, sin excepción alguna. Es el reconocimiento de todos los derechos para todos los ciudadanos, y esta es la forma más completa de la aplicación de la justicia. Además, se acogerán a la figura del matrimonio igualitario, sólo aquellos que así lo deseen, no es una imposición, mantenerlo como prohibido, si es causa de agravios para un sector de la sociedad y por tanto su queja ante la SCJN ¡SI ES PORCEDENTE! El Artículo 1° Constitucional establece la igualdad de derechos para todos los ciudadanos.
Volviendo al caso de Sinaloa, la legislatura de ese estado está compuesta por cuarenta diputados, veinticuatro de mayoría relativa, y dieciséis de representación proporcional; pues bien, la modificación a las leyes del estado fue aprobada el día 15 de junio por veintitrés votos, cómo no son modificaciones constitucionales, basta con la mayoría simple para hacer el ajuste a las leyes. Pero este hecho plantea una situación muy interesante. La sentencia del Tribunal Colegiado, contempla, en uno de sus apartados, sanciones para los legisladores que votaren en contra de esta modificación de leyes. Por tanto, en este momento, diecisiete diputados están en desacato a una sentencia de un tribunal federal de alto rango. Será muy interesante ver qué sucederá con ellos. Lo admirable, lo increíble, es que se tenga que llegar a estas situaciones por la negativa, sin fundamentos jurídicos y si por prejuicios religiosos, de negar Derechos Humanos a una minoría, y cuyo ejercicio, no causa agravio a ningún otro ciudadano.
No creo que en nuestro estado se deba esperar a poner a esta soberanía que es poder legislativo, en este predicamento, que tenga que hacer una adecuación a nuestras leyes por mandato del máximo tribunal de la nación. Sería mucho más deseable que, antes de cesar en su encargo, la actual legislatura retome el tema y haga por su propia decisión la adecuación correspondiente.
¡NUESTROS DIPUTADOS TIENEN LA PALABRA!
Mérida, Yuc., a 15 de junio de 2021.
Ariel Avilés Marín.
