Para dar mayor protección a los derechos humanos de las personas que prestan sus servicios médicos dentro del Sistema Estatal de Salud, el Dip. Manuel Díaz Suárez presentó a nombre del Grupo Parlamentario del PAN una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado, mediante la cual se integra el concepto de derecho de objeción de conciencia.
En sesión del Pleno del Congreso, el diputado panista, quien es presidente de la Comisión de Salud y Seguridad, indicó que, de esta manera, el personal médico del Sistema Estatal podrá, de forma libre, decidir si participa o excusarse de prestar determinados servicios médicos que sean contrarios a sus ideales, ética o religión, así como la prohibición de ser discriminados por la toma de sus decisiones en el ejercicio de la profesión.
—Los profesionistas en el área de la salud tienen el derecho a ejercer, de forma libre y responsable, la objeción de conciencia dentro de un marco jurídico que les garantice seguridad jurídica y la protección de sus derechos laborales bajo cualquier circunstancia, en la que la práctica de su labor profesional sea contraria a sus valores éticos, morales o religiosos —recalcó.
—La libertad de pensamiento y de conciencia están protegidos por los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —abundó.
Recordó que en mayo de 2018 se estableció el derecho de objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de los servicios de salud cuando estos sean contrarios a sus valores o principios éticos, para el personal del Sistema Nacional de Salud.
—La objeción de conciencia se puede definir como el derecho que tiene todo ser humano de abstenerse de realizar una acción considerada por la norma jurídica como un deber o mandato, anteponiendo para ello sus razones morales, religiosas o axiológicas —explicó… La objeción de conciencia es el derecho a negarse a realizar determinados actos o servicios derivados de la orden de una autoridad o de una norma jurídica cuando sean contrarios a los principios éticos o morales de una persona.
La iniciativa se turnó a la Secretaría para los trámites correspondientes.
